Un año de la última victoria electoral de Sánchez: del abrazo con Iglesias a exigir estabilidad al PP

Quedan poco menos de dos meses para finalizar el año 2020. A punto de cumplir el año al frente del Gobierno de coalición, el presidente Pedro Sánchez exige a la oposición que le dé estabilidad cumpliendo algunas de las obligaciones que tiene su Ejecutivo, como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) o la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), RTVE o el Defensor del Pueblo. Del pacto del abrazo, firmado con Pablo Iglesias el 12 de noviembre del año pasado, a exigir a la oposición estabilidad para mantener su silla en La Moncloa.

Con una mayoría de 155 diputados, los del PSOE y Podemos, y una decena de votos más prácticamente siempre asegurados, los del PNV, EH Bildu, Más País y los partidos minoritarios, al Gobierno socialcomunista le siguen faltando votos para aprobar las grandes votaciones en el Congreso. ERC, uno de sus socios preferentes, y Ciudadanos, uno de sus últimos aliados, se han convertido en las muletas del Ejecutivo. En el complejo presidencial son conscientes de que la viabilidad del Gobierno pasa por dar luz verde a los PGE. Pero Pedro Sánchez quiere más y quiere renovar ya todos los órganos que están caducados.

Los portavoces de los grupos parlamentarios socialista y podemita en el Congreso, Adriana Lastra y Pablo Echenique, son los responsables de cuidar las relaciones con el resto de fuerzas políticas. Sin embargo, dado la complejidad de las negociaciones y de las cosas que hay que pactar, varios ministros, encabezados por la vicepresidenta primera Carmen Calvo, también participan en el día a día de los contactos. Unas conversaciones que se intensifican en las últimas semanas tras varios meses de decisiones tomadas de forma unilateral, de espaldas al resto de grupos, actuando como si contara con mayoría absoluta sin tenerla.

Presupuestos Generales del Estado

Es el gran temor de cualquier Gobierno en minoría. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dijo que no entregaría el anteproyecto de Ley de las cuentas públicas en la Cámara baja hasta tener garantizados los apoyos necesarios. Aunque falta una negociación, en la que los partidos nacionalistas y minoritarios intentarán conseguir lo máximo posible para sus territorios, PSOE y Podemos tienen garantizados los 176 votos a favor para dar luz verde a los PGE.

Moncloa aprobará los Presupuestos para 2021 con el apoyo de sus socios de investidura. Esquerra Republicana, el PNV, EH Bildu y los partidos regionalistas darán su beneplácito a las cuentas de Montero. Tampoco se descarta que Ciudadanos y los cuatro diputados del PDeCAT acaben apoyando también la propuesta del Gobierno, lo que daría una mayoría muy holgada a Sánchez. La ministra, junto al Secretario de Estado de Derechos Sociales, de Podemos, Nacho Álvarez, encabezan en este caso las negociaciones.

RTVE

Aunque para renovar el órgano de dirección de Radio Televisión Española al Gobierno le basta con la última reforma de la ley, que data del año 2017, y que permite el desbloqueo por mayoría absoluta en segunda ronda, el Ejecutivo necesita poner solución al embrollo legal del concurso público para dirigir el ente de radio televisión. Hay más de 35 recursos que paralizan la elección de la nueva dirección en el Congreso y en el Senado. El PNV estaría dispuesto a apoyar la reforma que paralizase el concurso.

La actual administradora única de RTVE, la periodista Rosa María Mateo, lleva dos años en el cargo. Fue nombrada a dedo por Pedro Sánchez al poco de llegar a Moncloa, tras la moción de censura. Durante este tiempo, pese a que prometió que la elección de su sustituto sería mediante un concurso público, Sánchez ha aprovechado la interinidad de Mateo para reforzar su incidencia sobre la radio televisión pública colocando a personas afines, como el nuevo director de Información Enric Hernández.

Defensor del Pueblo

Con tres años de retraso el Defensor del Pueblo espera ser renovado en los próximos meses. Esta plaza, encargada de velar por los derechos fundamentales de los ciudadanos, es de gran interés para Pedro Sánchez. No por el uso que pueda hacer de ella, pues su función es más bien simbólica y se encarga de dar amparo a los ciudadanos, sino por la posibilidad de colocar en este puesto a un cargo socialista que necesita recolocar.

El presidente socialista quiere que el actual portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, sea el nuevo Defensor del Pueblo, cargo para el que debería ser elegido por una mayoría del Congreso de los Diputados. Gabilondo es, a día de hoy, una de las piedras en el camino de Sánchez para acabar con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de cara a una eventual moción de censura en el futuro.

Tribunal de Cuentas

La última elección de representantes en el Tribunal de Cuentas se remonta al año 2012, bajo la presidencia de Mariano Rajoy. Su mandato es de nueve años, por lo que vencerá en julio de 2021, momento límite para su renovación antes de que sus miembros pasen a estar en funciones. El organismo fiscalizador del Estado vela por la transparencia y el cumplimiento de las obligaciones de los partidos políticos, sus fundaciones y los organismos públicos.

En la última votación de cargos, doce personas, seis elegidos por el Senado y seis elegidos por el Congreso, fueron nombrados consejeros de este ente. Sus nombres están pactados por los principales partidos políticos, que se reparten los representantes entre conservadores y progresistas. Tal vez por eso, ninguno de los grandes casos de corrupción de los partidos en España han sido fiscalizados por el Tribunal de Cuentas. Se necesitan tres quintas partes de las Cortes para proceder a su renovación, algo que parece difícil a día de hoy. Uno de los doce consejeros, propuesto por el PSOE, dimitió en enero y no ha sido sustituido.