Crisis de la inmigración

La alcaldesa de Mogán denuncia al Gobierno de Sánchez e Iglesias por el abandono de inmigrantes

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Joan Guirado

La situación de la inmigración irregular en Canarias es cada día más preocupante. Hasta el punto de que la alcaldesa del municipio más afectado, Mogán, Onalia Bueno, se ha visto en la obligación de denunciar ante los tribunales al Gobierno progresista de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias por el abandono y la vulneración de derechos humanos a los miles de inmigrantes que sólo en las últimas semanas han llegado a la isla de Gran Canaria. Espera que los tribunales obliguen a la coalición socialcomunista a cerrar las instalaciones donde, en la última noche, han dormido más de 2.180 inmigrantes.

La crisis migratoria en el archipiélago no es nueva para los canarios. En 2006 vivieron algo similar, aunque de dimensiones mucho menores, y con una mayor colaboración gubernamental. Entonces, la vicepresidenta socialista María Teresa Fernández de la Vega, lideró un equipo transversal, con la implicación de varios ministerios, que dieron respuesta a las necesidades de las islas para mitigar los efectos de la avalancha de inmigrantes que llegaban. Ahora, pese a tener por primera vez un vicepresidente de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, y un ministerio exclusivo de Migraciones, la descoordinación es total y nadie se pone a liderar la respuesta gubernamental.

Desde las islas denuncian el abandono que vienen sufriendo por parte de un Ejecutivo que intenta reducir la crisis a un problema canario cuando, a su llegada a La Moncloa, Sánchez se puso la medalla de liderar el asunto migratorio a nivel europeo acogiendo al buque Aquarius.

Más de 10.000 inmigrantes

A diferencia de otros antecesores, el actual presidente todavía no ha visitado la capital de Marruecos. Rabat es tradicionalmente uno de los primeros viajes diplomáticos de los mandatarios españoles para intensificar las relaciones bilaterales. Esa falta de contacto, dicen en Canarias, es parte de la culpable de la situación que viven.

Entre octubre y noviembre han llegado a las islas más de 10.000 inmigrantes irregulares. Un número muy superior al de los últimos cinco años. Muchos de ellos se han pasado semanas enteras en el muelle del puerto de Arguineguín (Mogán), bajo el sol y la lluvia, y únicamente con mantas y gorras de la Cruz Roja. Su alimentación ha sido a base de bocadillos. Al final el Gobierno optó por aprovechar la falta de turistas para alojarlos en hoteles de la zona, aunque con la llegada de más barcos, los nuevos inmigrantes tenían que hacinarse entre ratas en el muelle.

La alcaldesa de Mogán, en una entrevista con OKDIARIO, denuncia que los ministros de Sánchez relacionados con el tema «no se hablan entre ellos y no se coordinan». Lamentan en Canarias la actitud de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a quien acusan de no querer ceder instalaciones militares, como en la crisis del 2006, para acoger a los inmigrantes irregulares que están en las islas. La edil, Onalia Bueno, quiere que le cedan solo los terrenos propiedad del Ejército y afirma que ya buscarán los recursos para montar carpas donde poder alojarlos.

De momento la convivencia con los locales y los turistas que empiezan a llegar a Gran Canaria no se ha visto muy afectada. Sin embargo, en los últimos días, varios empresarios hoteleros han empezado a dar la señal de alarma al asegurar que los inmigrantes intimidan a sus clientes. Las autoridades canarias temen que tras conseguir recibir de nuevo a turistas extranjeros, los touroperadores, debido a la gran cantidad de irregulares que hay compartiendo alojamientos con los turistas, desaconsejen viajar a las islas.

Mientras, pese a las reclamaciones de la alcaldesa de Mogán o incluso del gobierno socialista regional, liderado por Ángel Víctor Torres, el Gobierno de Sánchez e Iglesias sigue haciendo oídos sordos a los problemas que está generando la llegada constante de pateras a las islas. En Madrid, denuncian en las islas, ya no les cogen el teléfono y las únicas visitas que han realizado ministros a la zona, como el de Migraciones José Luís Escrivá o del Interior Fernando Grande-Marlaska, han sido solo para hacerse la foto. Ninguno de los dos, denunciaba Bueno, «han traído una propuesta para solucionar el problema».

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