España

Los afectados por talidomida denuncian «trato discriminatorio» en una carta abierta a Sánchez

La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (AVITE) ha escrito una carta abierta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que denuncian el «trato discriminatorio» que a su juicio están recibiendo los talidomídicos porque las ayudas que deben percibir, recogidas en los Presupuestos Generales del Estado 2018, no estarán exentas fiscalmente.

Firmada por su presidente, José Riquelme López, la misiva recuerda al presidente que los afectados, «que sufren gravísimas lesiones, discapacidades y dependencia de terceros», necesitan esas ayudas «para poder salir adelante en su difícil vejez». «Ningún sentido tendría que lo que se les da por un lado por el Estado se les quite por otro vía impuestos», critican sobre la intención del Gobierno de gravar las ayudas que les corresponden.

Como ha hecho en otras ocasiones, AVITE asegura que, tras haberse reunido varias veces con altos cargos del Ejecutivo, principalmente el secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, la solución del Gobierno para resolver el problema de las ayudas no incluye que estén exentas fiscalmente, como sí ocurre con los indemnizados como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales, los infectados por VIH o las víctimas de actos terroristas, recuerdan.

«Mientras en nuestro contexto europeo (Alemania, Reino Unido, Suecia, Irlanda o Italia) hace muchos decenios que esto quedó resuelto con pensiones y ayudas exentas fiscalmente y en cuantías muy superiores, no podemos dar crédito a que en España, tras 69 años de tragedia, se pretenda por el Estado darles a los afectados con una mano lo que se les quita con la otra», resumen.

En este punto, dicen al presidente que el Estado español es, junto con la compañía farmacéutica responsable del fármaco que generó sus malformaciones, «responsable» del «vergonzoso ‘honor’ de ser el único país que ha acabado reconociendo un período posible de concepción de afectados entre sus nacionales entre 1950 y 1985, margen temporal que evidencia una total falta de control sanitario de las autoridades y que fuerza de estas fronteras califican de inverosímil».

Como cierre de su carta, los talidomídicos dirigen una pregunta «muy clara» a Sánchez, «puesto que nadie del Gobierno da respuesta a esta situación». «¿Tiene intención su Gobierno de gravar fiscalmente las ayudas a los afectados por la talidomida? Convencidos de que la respuesta será que no, aguardamos que se nos informe cómo procederá para solucionar esta situación lo antes posible», concluyen.