Los periodistas de la ‘Ser’ y ‘El País’ invocan el secreto profesional para proteger al fiscal general

El juicio al fiscal general del Estado por la filtración del correo del caso de Alberto González Amador ha entrado en su fase más álgida. Las acusaciones sospechan que los periodistas citados como testigos invocan la existencia de múltiples fuentes para diluir responsabilidades y proteger a Álvaro García Ortiz. El magistrado presidente ha llegado a retirar preguntas sobre esta estrategia defensiva.

La cuarta jornada del proceso en el Tribunal Supremo ha estado marcada por interrogatorios especialmente tensos. Los periodistas de la Cadena Ser y El País han negado rotundamente que García Ortiz fuera su fuente para acceder al correo electrónico del 2 de febrero de 2024 y a su contenido. En ese documento, el abogado de González Amador, Carlos Neira, ofrecía a la Fiscalía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto.

La acusación particular, ejercida por Gabriel Rodríguez Ramos, ha intentado demostrar que los informadores están usando una táctica dilatoria. «Si se trata de proteger a una fuente, decir que me lo dan varias fuentes ¿es protegerla?», ha planteado el letrado.

El presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, ha considerado que la cuestión «no tiene mucho sentido» y ha pedido al abogado que pasara a otra pregunta. El momento ha evidenciado la suspicacia de las acusaciones sobre el relato de los testigos. Consideran que estas declaraciones son «parciales» y evitan llegar al fondo de las cuestiones. Considera que algún informador ha mentido directamente al decir en la fase de instrucción que no había hablado nunca con García Ortiz, para ahora reconocer que sí había tenido contacto previo con él y que trató de llamarle la noche de la polémica.

Rodríguez Ramos ha sido contundente durante su interrogatorio al ex subdirector de El País José Manuel Romero. «Sólo pueden ser dos: García Ortiz o Mar Hedo», ha espetado el letrado, en referencia a la jefa de prensa de la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, Martínez Arrieta ha retirado también inmediatamente esta pregunta a la vista que el periodista se acogía a su derecho al secreto profesional.

El abogado de González Amador considera que la narrativa de los periodistas resulta inverosímil. Según la tesis de la acusación, los informadores conocen perfectamente la identidad de su fuente, pero se escudan en el secreto profesional mientras mencionan otras posibles procedencias de la información.

El redactor de la Ser ha sostenido que accedió al contenido del correo gracias a un hombre –lo que descarta a las fiscales madrileñas Almudena Lastra y Pilar Rodríguez– pero evita dar más detalles, además de que su despacho está en una tercera planta.

Por su parte, directivo de El País señala a una fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, pero tira la piedra y esconde la mano sembrando la duda en más de 300 fiscales de la región.

«Esa fuente a la que hace referencia, ¿es el fiscal general?», le ha preguntado la Fiscalía durante su declaración al periodista de la Ser. «No», ha contestado escuetamente.

El periodista ha explicado que se movió en taxi –no ha querido aportar el ticket de ese viaje que presumiblemente pasó a su empresa– hasta el despacho de su fuente tras varias llamadas. Allí vio el correo del 2 de febrero en su integridad en una pantalla y tomó apuntes. No obstante, se ha acogido al secreto profesional para no revelar si se trataba de dependencias oficiales.

Según ha relatado, esa noche estaba en la madrileña calle de Ponzano viendo el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán cuando se publicó la información de El Mundo a las 21:29 horas. Fue entonces cuando comenzó su ronda de llamadas para confirmar los datos y obtener autorización para publicar.

«En ningún momento», ha respondido Campos cuando la acusación le ha preguntado si alguna vez habló por teléfono o WhatsApp con García Ortiz. Ha reconocido que llamó al fiscal general aquella noche, pero que «saltó el buzón de voz» y colgó, por eso consta una llamada de cuatro segundos en la que según dice, nadie pudo dictar ningún email y luego a García Ortiz le llega un SMS de que tiene una llamada perdida.

Por otra parte, García Ortiz considera que es una cuestión técnica que tras esa llamada aparece en el registro 18 minutos de un intercambio de datos en Internet justo cuando se publican los mails filtrados.

Por su parte, José Manuel Romero ha reconocido que se mensajeaba por WhatsApp con García Ortiz. «Es el grado de comunicación que tengo no sólo con el fiscal general, sino con magistrados del Tribunal Supremo», ha justificado.

Romero ha vivido uno de los interrogatorios más broncos de las cuatro sesiones celebradas hasta ahora. El periodista y el abogado de la acusación se interrumpían continuamente, lo que ha provocado la intervención constante del presidente del tribunal. «Vamos a ver, pregunte y responda», ha manifestado Martínez Arrieta dirigiéndose a ambas partes.

«¿Tengo que responder como él quiere?», ha llegado a soltar el periodista en un momento de especial crispación. La tensión ha sido tal que algunas personas del público se han reído ante los intercambios dialécticos entre testigo y acusación.

Además de estos dos periodistas, han declarado otros tres de la sección de Local de El País. Ellos protocolizaron ante notario sus conversaciones de WhatsApp de ese día, que forman parte de la prueba documental del juicio. También ha testificado una redactora de El Plural que ahora trabaja para Sumar.

El juicio continúa con la incógnita de si el tribunal condenará a García Ortiz. Mientras tanto, la defensa del fiscal general se apoya en el testimonio de los informadores para sostener que la filtración pudo proceder de múltiples puntos de la Fiscalía, la Abogacía del Estado, etc. Una estrategia que, según las acusaciones, busca crear una niebla jurídica que haga imposible señalar al responsable último de una revelación que pudo vulnerar derechos fundamentales de Alberto González Amador.