El abogado purgado por Iglesias: «No estamos ante Gürtel o Filesa, lo de Podemos es mucho peor»

El abogado purgado de Podemos, José Manuel Calvente, ha reaccionado en su cuenta de Twitter ante las últimas informaciones relacionadas con la causa contra Podemos que investiga el juez Juan José Escalonilla.

El ex coordinador de los servicios jurídicos de la formación morada ha asegurado que «a diferencia de todos los casos de corrupción de partidos en España, en Podemos no estaríamos ante la presunta corrupción de un partido, sino ante una presunta corrupción dentro del partido, una presunta financiación ilegal de algunos dirigentes».

Calvente manifiesta que «no estamos ante Gürtel o Filesa. Mucho peor. Estamos presuntamente ante presuntos sinvergüenzas que habrían metido la mano presuntamente en la caja del partido para su presunto beneficio y el de sus presuntos amigos».

En repetidas ocasiones repite la palabra «presunta/o» porque –recalca– él sí respeta la «presunción de inocencia», al contrario que lo hizo el vicepresidente del Gobierno cuando le acusó públicamente de un supuesto delito laboral y sexual a la letrada Marta Flor Núñez. Una falsa acusación que ha sido archivada por la juez y con el criterio favorable de la fiscal al «no ver indicios de delito».

«Podemos no debería pasar a la Historia como un partido manchado por la corrupción de cuatro “presuntos” sinvergüenzas. Están enredando y confundiendo, como siempre, y así se lo dije al abogado de Podemos en mi declaración “Usted ha venido aquí a intoxicar el procedimiento”, asegura.

Anima a la militancia de Podemos a actuar: «La militancia de Podemos debería actuar y decir “basta ya”. No puede pasar ni un minuto más con gente investigada dirigiendo el partido. Urge un cambio de dirección. Por la salud democrática de este gran país que es España y de las instituciones que algunos quieren destruir».

Imputados

Cabe recordar que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado a Podemos, como persona jurídica; a Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos, responsable de las campañas del partido y mano derecha de Pablo Iglesias, al tesorero y a la gerente del partido, tras la denuncia presentada por el abogado despedido.

El magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.

Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa. Entre otras, requiere a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.

La investigación se centra sobre todo en la supuesta implicación de Del Olmo con la contratación irregular de una agencia de comunicación para la campaña del 28-A.

También están citados la gerente de la formación, Rocío Val y el tesorero, Daniel de Frutos, además de una responsable de Compras y Finanzas, Andrea Deodato. Además ha imputado a Podemos como perdona jurídica.

Asimismo, están citados responsables de los proveedores de la campaña del partido. El juez también pide información a la Policía Nacional sobre las sociedades en las que Juan Carlos Monedero tiene algún tipo de esponsabilidad.

‘Caja B’ de Podemos

El ex jefe del equipo jurídico de Podemos declaró como testigo el pasado 29 de julio, durante tres horas por videoconferencia desde Barcelona, y ratificó que la formación morada tenía una ‘caja B’ y pagaba sobresueldos.

El letrado enumeró «una a una» las irregularidades expuestas en la denuncia presentada ante la Guardia Civil, que ha dado lugar a la apertura de esta investigación judicial contra Podemos. En la misma hablaba de la existencia de una «Caja de Solidaridad» que estaba siendo utilizada como una ‘caja B’ del partido para ocultar gastos opacos.

Esta caja fue creada en 2018 a iniciativa de Rafael Mayoral, secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos. Los fondos económicos de la misma procedían de las donaciones mensuales de cargos públicos estatales del partido. Por tanto, según su Reglamento, este dinero debía destinarse a «donaciones a colectivos, entidades, procesos litigiosos o cajas de resistencia de colectivos en movilización y o huelga que pueda haber abiertas».

Sin embargo, José Manuel Calvente detectó irregularidades al observar que esta «Caja de Solidaridad» estaba siendo utilizada por Rafael Mayoral para realizar donaciones de forma indiscriminada y sin control legal alguno sobre los destinatarios, a supuestas entidades opacas y sin identificar. Entre estas entidades se encontraba una supuesta asociación denominada #404 Comunicación Popular que no está registrada.