Aagesen elude su responsabilidad en las cloacas del PSOE por el rescate de Tubos Reunidos: «Delegué el voto»
La cloaca del PSOE se llevó una comisión ilegal de casi 250.000 € gracias a la intermediación del PNV
El juez acepta el concurso de acreedores de Tubos Reunidos, rescatada por el Gobierno con casi 113 millones
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha afirmado que no se posicionó en el seno del Consejo Gestor de la SEPI en contra del rescate de Tubos Reunidos. A la primera reunión sobre la que ha sido interrogada este miércoles en el Senado, no asistió, y a la segunda, tampoco, aunque aquí delegó el voto en un subordinado y éste fue favorable.
Aagesen ha comparecido en la comisión de investigación de la Cámara Alta sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), a instancia del PP, tras aparecer su nombre en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como una de las vocales del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda del Gobierno que dio el visto bueno al rescate de Tubos Reunidos, Plus Ultra y Air Europa. Esta responsabilidad la ejerció como secretaria de Estado de Energía hasta que fue nombrada vicepresidenta tercera y ministra.
A preguntas del senador del PP José Manuel Hernando García, Aagesen ha revelado que ella no acudió a la reunión preliminar -de carácter informativo- del Consejo Gestor celebrada el 15 de junio de 2021, ni tampoco nadie de su departamento. La ministra ha argumentado que entonces ella y su equipo estaban centrados en la redacción del primer decreto ley de ayudas ante la crisis de los precios de la energía.
Según el informe de la UCO, «tras haberse celebrado esta reunión del Consejo Gestor (la del 15 de junio de 2021), (Miguel Ángel) Figueroa dio cuenta a Vicente (Fernández) de que la secretaria de Estado de Energía (entonces Sara Aagesen) había mostrado su oposición a la aprobación, aparentemente por razones ecológicas. Esta no se habría personado, sino que habría mandado el recado a «Paneque», en posible referencia a la subsecretaria de Hacienda y miembro del Consejo Gestor Pilar Paneque Sosa», señalan los investigadores de la Guardia Civil.
En este contexto, Aagesen ha asegurado que no asistió a aquella reunión, ni nadie de su ministerio, «con lo cual no tuve la capacidad, ni tengo la capacidad de hacerle una reflexión sobre qué ocurrió dentro de un consejo gestor informativo en el que yo no pude estar», ha replicado al senador Hernando.
En su caso, Miguel Ángel Figueroa era el director de Participadas III en la División de Desarrollo Rural, Alimentación y Medio Ambiente de la Sepi, mientras que Vicente Fernández era el ex presidente del holding estatal que formaba parte junto a la ex fontanera socialista Leire Díez y el socio de Santos Cerdán (ex secretario de Organización del PSOE), Antxon Alonso, del grupo Hirurok («nosotros tres» en euskera) investigado en esta trama.
Sobre la otra reunión, celebrada el 13 de julio de 2021, Aagesen ha señalado que a esta cita sí acudió el subsecretario del Ministerio, que votó a favor del rescate de Tubos Reunidos. La ministra ha explicado que delegó su voto en dicho subsecretario, algo que no la exime de su responsabilidad en derecho administrativo.
En connivencia con el PNV
El senador del PP ha recordado que en ese intervalo de reuniones, según el informe de la UCO, tuvieron lugar «una serie de actuaciones frenéticas» por parte del grupo Hirurok para desbloquear la situación, en connivencia con el PNV, y permitir la concesión de la ayuda pública estatal al grupo vasco Tubos Reunidos.
Asimismo, Aagense haber recibido alguna indicación por parte de Presidencia del Gobierno sobre su posicionamiento o el de su departamento en relación a otorgar préstamos a empresas como Tubos Reunidos o Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.
El préstamo de casi 113 millones de euros a Tubos Reunidos figura entre los asuntos que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de las cloacas del PSOE, que tenían como objetivo desestabilizar procedimientos judiciales contra el PSOE o el Ejecutivo. La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el grupo denominado Hirurok habría llevado a cabo «acciones tendentes al otorgamiento» de la ayuda, a cambio de comisiones que la UCO cifra en un importe cercano a los 250.000 euros.
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