Sánchez anuncia una reforma de la ley Montero 20 días antes de recibir a una misión del Parlamento Europeo

Sánchez ha reaccionado in extremis. El Ejecutivo empezaba a vislumbrar que la recta final del mes de febrero se le podía atragantar principalmente a cuenta de la semana de actividades exteriores que tiene programado el Parlamento europeo. A la llegada a nuestro país de la comisión de control presupuestario de la Eurocámara el próximo día 20 de febrero para analizar la ejecución de los fondos UE, se suma también la visita, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes comunitarias, de la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género que tiene previsto aterrizar en suelo español el mismo día y que ha incluido en su agenda de prioridades la evaluación de los resultados, en materia de políticas de protección para la mujer, de la ley del sólo sí es sí.

La misión, aprobada ya el pasado año, tenía la intención de analizar las políticas de género, de lucha contra la violencia machista o contra el tráfico sexual, pero la polémica puesta en marcha de la ley del sólo sí es sí -y de la Ley Trans-, ha desembocado en un cambio de agenda en la misión del Parlamento europeo para poder analizar los resultados de dicha ley tras sus primeros meses de andadura. La delegación de eurodiputados tiene intención de reunirse con varios ministerios, Igualdad y Justicia, así como con colectivos y asociaciones implicadas, también del ámbito de la judicatura.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, la coincidencia de dos misiones en España no es excepcional, ya que la semana que arranca el 20 de febrero forma parte de lo que se conoce como semanas de actividades parlamentarias externas y durante esos días no hay actividad en la Cámara europea. Así, del 20 al 22 de febrero, llegarán a nuestro país simultáneamente dos delegaciones de europarlamentarios: la comisión de Control Presupuestario y la comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género.

Polémica

El pasado 7 de octubre entró en vigor una norma que, según los últimos datos, habría beneficiado a 322 agresores sexuales con rebajas de penas, de los que más 34 habrían ya salido de prisión. La desaparición del abuso sexual del Código Penal ha provocado un incesante goteo de beneficios penales que ha forzado al Gobierno a anunciar su intención de rectificar la norma. No obstante, las discrepancias sobre cómo afrontar la alarma que está suscitando en la opinión pública esta ley está llevando al límite al Gobierno de coalición, que ha multiplicado sus desencuentros en las últimas horas.

Este lunes, mientras el PSOE se lanzaba a anunciar cambios en la ley, a sólo 20 días de la llegada de la citada delegación comunitaria, el Ministerio de Igualdad contraatacaba con un plan de medidas urgentes para contrarrestar la campaña del ala socialista que permita, según apuntaron, incrementar la protección de las mujeres.

No obstante, a última hora de este lunes, en Unidas Podemos cedieron a las presiones y viraron su discurso, abriéndose a modificar su ley y elevar las penas mínimas. Eso sí, ciñéndose única y exclusivamente a ese punto, nunca al de modificar el texto de la ley. Tal y como aseguraron la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, desde su Ministerio se seguirá sin aceptar «ninguna propuesta que ponga en juego el modelo de consentimiento».

También este último fin de semana la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que «vamos a proteger el corazón de la ley, lo vamos a hacer juntos y haremos lo que sea necesario para proteger a las mujeres y a los avances feministas frente a los que quieren aprovechar esta situación para hacernos retroceder después del mayor avance en materia de lucha contra las violencias machistas en los últimos 20 años». Montero insistió en defender la redacción de la norma y señaló a la «derecha judicial, política y mediática» como responsables de una interpretación «errónea» de la misma.