El Gobierno recula y niega ahora la devolución de los papeles del Archivo de Salamanca

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha encontrado con un nuevo frente en lo que al franquismo se refiere. A las dificultades para la exhumación de Franco o los atrasos en la elaboración de un censo de víctimas o de fosas, se añade la polémica restitución de los papeles del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca. Un asunto que el Ejecutivo pretende evitar, pese a las demandas de particulares y gobiernos autonómicos.

Así se desvela en una reciente respuesta del Gobierno al senador Carles Mulet (Compromís), que se interesaba por la devolución de los papeles a la Comunidad.

El Ejecutivo descarta hacerlo, remitiéndose al Real Decreto 2134/2008, de 26 de diciembre, por el que se regula el procedimiento a seguir para la restitución a particulares de los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil. Según ese decreto, señala el Gobierno, «la solicitud de restitución pudo ser formulada por las personas naturales o jurídicas de carácter privado, o sus legítimos sucesores, a los que les fueron incautados documentos, fondos documentales y otros efectos por la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos, durante el plazo de un año a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor de dicho Real Decreto».

«Es decir -prosigue la respuesta- que los ciudadanos de la Comunidad Valenciana -como los del resto de Comunidades autónomas distintas de Cataluña-, pudieron ejercitar su derecho a través de la Generalitat Valenciana hasta el 11 de enero de 2010, circunstancia que, en este caso, no se produjo».

Fuera de plazo

«Dado lo anterior, y una vez prescrito el plazo referido, no procede la restitución de los documentos que se solicitan ya que no se ejercitó el derecho a la restitución en el plazo legal establecido en la normativa aplicable a los documentos incautados con motivo de la Guerra Civil, que son custodiados en el Archivo adscrito al Centro Documental de la Memoria Histórica con sede en Salamanca», añade.

La respuesta contrasta, sin embargo, con el amago del ministro de Cultura, José Guirao, esta misma semana, en el Senado. Guirao se comprometió a estudiar las demandas del PNV para restituir al País Vasco documentos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, si bien matizó que primero quiere agotar las posibilidades de la ley que en 2005 permitió devolver parte de sus fondos a Cataluña. El ministro se comprometió a «terminar lo que está sin terminar» para después «ver qué otros pasos se pueden dar». En diciembre, el propio Guirado afirmaba su intención de poner fin al conflicto en el primer trimestre de 2019.

Enfado en Valencia

Una respuesta que ha indignado a otros partidos, como Compromís. Su portavoz en el Senado, Carles Mulet, ha instado al Gobierno a retornar la documentación valenciana «secuestrada» y ha criticado que el presidente Pedro Sánchez «justifica» así «el expolio documental y su perpetuidad fuera de sus legítimos propietarios». Según Mulet, existe una doble vara de medir del Ejecutivo socialista con sus ‘socios’ vascos y catalanes.

El senador opina que la solución puede ser un nuevo Real Decreto para devolver la documentación y critica que desde el Ejecutivo «se escudan en una cuestión jurídica que tiene solución».

El pasado 22 de enero, la Comisión de Cultura del Senado aprobó con el apoyo del PP y el voto en contra de PSOE, Podemos, Esquerra Republicana y PNV, una moción de Foro Asturias por la que instan al Gobierno a abstenerse de entregar nuevos documentos del Archivo de Salamanca a la Generalitat de Cataluña y que exija a esta la devolución al Archivo de toda la documentación «indebidamente» recibida así como los documentos no restituidos a sus legítimos propietarios.