Varios sindicatos de ArcelorMittal denuncian la prórroga del ERTE en sus plantas
Los sindicatos LAB, ESK, CGT y CSI en las plantas de ArcelorMittal en Sestao, Etxebarri, Sagunto, Gijón y Avilés llevarán a cabo campañas conjuntas para denunciar el alargamiento del ERTE en todas las plantas de la empresa hasta, como mínimo, el año 2022, "sin descartar" movilizaciones y acciones sindicales unitarias en las factorías donde cuentan con representatividad.
Así lo han hecho público este viernes en Bilbao, en una comparecencia conjunta de delegados de los cuatro sindicatos en la que han denunciado que ArcelorMittal lleva prorrogando de forma ininterrumpida el ERE temporal desde el año 2009, con lo que con la nueva ampliación para tres años más, los trabajadores van a estar en regulación durante 13 años, algo que han calificado de «un fraude y un abuso».
Las cuatro centrales sindicales han denunciado que la nueva prórroga, que ha sido suscrita y aprobada por los sindicatos UGT, CCOO y USO, ha sido solicitada sin que la empresa haya presentado «ninguna documentación que justifique prolongar este ERTE», y no la ha presentado, han indicado, porque «no lo puede hacer ya que no existe ninguna causa para ello tras declarar millones de beneficios este año».
Los representantes de LAB y ESK en las plantas de Etxebarri y Sestao, CGT en Sagunto y de la Corriente Sindical de Izquierda (CSI) en las factorías asturianas han afirmado que la multinacional ha comprado durante este tiempo acerías como la italiana Ilva y casi todas las instalaciones de sus plantas «se hallan al 100% de ocupación».
En su escrito conjunto, los sindicatos han recordado que la empresa, para poder prorrogar el ERTE, se ampara en una normativa derogada en el año 2012 que estaba vigente cuando se aprobó por primera vez el ERE en el año 2009.
En ese sentido, han precisado que, con la normativa actual sobre ERE, «no podría prorrogarlo sin presentar la documentación y acreditar sus causas porque un ERE temporal es una medida excepcional dirigida a evitar medidas traumáticas como despidos».
Represalias
Las cuatro centrales sindicales han criticado la postura adoptada por CCOO., UGT y USO, a los que acusan de practicar «un sindicalismo derrotado» tras haber aprobado desde el año 2009 todos los ERTE presentados «sin cuestionarse el ataque que supone para los trabajadores ni si se correspondían con la situación real de la empresa» y justificando su postura «bajo la amenaza del mal menor» y por el miedo a «represalias» en forma de pérdida de complementos o despidos.
Pese a ese miedo a los despidos y a que los ERE sean medidas para evitarlos, los cuatro sindicatos han denunciado que desde el año 2009 «se ha destruido una gran cantidad de empleo en todas las plantas y la pérdida de empleo y de derechos laborales es una realidad en nuestras acerías».
En concreto, han afirmado que en las plantas vascas se ha destruido más del 50% del empleo desde que Mittal se hiciera con Arcelor en 2007 y solo en los últimos 4 años se han destruido 915 puestos de trabajo, incluidos los 230 asociados al cierre de la planta guipuzcoana de Zumarraga y que, en realidad, «no se han perdido realmente sino que han sido en su mayor parte sustituidos por trabajadores y trabajadoras de subcontratas y ETT».
«Destruye empleo de calidad»
Por ese motivo, consideran que los ERTE responden a «una política de empresa en todo el grupo, que destruye empleo de calidad por empleo más precario y barato, con el objetivo de multiplicar los beneficios empresariales y son los trabajadores quienes han sufrido la avaricia de la multinacional».
Los cuatro sindicatos han acusado a la multinacional de «seguir obteniendo la mayor rentabilidad económica a costa del empleo, utilizándolo como moneda de cambio para presionar» a trabajadores y a Gobiernos para que legislen a su medida mediante la implantación de «la política del chantaje y el miedo».
Asimismo, han remarcado que la comisión negociadora del ERTE a fecha de hoy día es la compuesta en 2009, y en ella hay miembros que ya no ocupan ningún cargo sindical, «que son meros trabajadores a los que nadie ha elegido hoy para que actúen en nombre de los trabajadores. Podrá ser una actuación conforme a derecho, pero es absolutamente poco ética, antidemocrática e inusual y una alteración de la voluntad manifestada por los trabajadores», han denunciado.
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