STC Group, el grupo saudí que ha comprado el 9,9% de Telefónica, la dobla en capitalización bursátil

STC Group, el conglomerado saudí que ha comprado el 9,9% de Telefónica, convirtiéndose en su principal accionista, es la mayor compañía de telecomunicaciones de Oriente Medio y acumula una capitalización  bursátil de más de 49.000 millones de euros frente a los 21.300 millones de la operadora española.

La firma es propiedad en un 64% del fondo soberano saudí, que preside el príncipe heredero Mohammed bil Salman, que ya tiene una experiencia acreditada en la inversión en sectores relacionados con la tecnología y la infraestructura digital. Según ha declarado el máximo responsable del grupo, Mohammed Al Faisal, «invertimos en mercados que consideramos prometedores y nos parece que España es uno de ellos».

La compañía tiene presencia en 11 países y una base de clientes de 170 millones repartidos en la propia Arabia Saudí, la zona de Oriente Medio y el Norte de África. Su apuesta por la compañía española de telecomunicaciones que preside José María Álvarez-Pallete sigue a otras incursiones del grupo saudí en Europa, en concreto en infraestructuras de telecomunicaciones en Bulgaria, Croacia y Eslovenia. La decisión de la empresa saudí representa la confianza en la gestión del ejecutivo español y las expectativas que alberga sobre las posibilidades de crecimiento y de desarrollo de la multinacional Telefónica.

En otro orden de cosas, STC Group, el nuevo accionista de Telefónica, firmó en 2009 un patrocinio con el Real Madrid, que su presidente, Florentino Pérez, renovó en 2013 porque, según declaró en su momento, «ambas sociedades compartían la vocación de liderazgo y la búsqueda permanente de la excelencia».

La compra del 9,9% de Telefónica por parte de Saudi Telecom, anunciada el martes a última hora, necesitará autorización del Gobierno ya que está sometida al escudo antiopas pese a no llegar al 10% del capital. La razón es que la operadora que preside José Maria Álvarez-Pallete tiene contratos con el Ministerio de Defensa, y en ese caso el régimen de autorización previa aplica a partir del 5%, y no ser «operador estratégico», como ha dicho esta mañana la Portavoz del Gobierno.

El escudo del Gobierno

Así se establece en el artículo 18 del Real Decreto 571/2023 que prolongaba indefinidamente dicho escudo, creado inicialmente como algo excepcional por la pandemia. Este artículo se refiere al «Régimen de autorización previa para inversiones exteriores en España en actividades directamente relacionadas con la Defensa Nacional», y establece que «el régimen de liberalización queda suspendido y requerirá autorización respecto de las inversiones extranjeras en España en actividades directamente relacionadas con la defensa nacional, tales como las que afectan a las capacidades industriales y áreas de conocimiento necesarias para proveer los equipos, sistemas y servicios que doten a las Fuerzas Armadas de las capacidades militares necesarias».

Telefónica tiene contratos con el Ministerio de Margarita Robles para cuestiones de seguridad nacional, en especial en lo referente a ciberseguridad y ciberterrorismo. Dichos servicios que presta la operadora entran dentro de las «áreas de conocimiento necesarias» para la operatividad de las Fuerzas Armadas. Será Defensa el que tenga que dar su autorización, no Economía como en el resto de los casos, y tendrá tres meses antes de que se considere silencio administrativo.