Sánchez penaliza a los autónomos: los que más difícil lo tienen para ser considerados «colectivo vulnerable»

Por ello, una de las reclamaciones de los autónomos a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la reunión que ha celebrado este lunes es que  cambie el criterio para acceder a la prestación  de cese de actividad para los trabajadores por cuenta propia. Piden que se reduzca el porcentaje de caída de los ingresos necesario del 75% al 40%. Para las ayudas con las que carga el sector privado, también impuestas en el Consejo de Ministros, el 40% ya es suficiente para lograr una moratoria en el pago de las cuotas de los préstamos, de los alquileres o de los suministros.

Otra muestra de que Sánchez y su Gobierno están cargando más al sector privado que a las administraciones públicas el coste de la crisis es que el Consejo de Ministros se ha negado a realizar aplazamientos fiscales amplios, una medida muy beneficiosa para las empresas que sí han hecho otros países, concretamente más de una veintena. En definitiva, cuando el coste de las ayudas es para las arcas estatales el Ejecutivo se lo piensa más.

Al no haber margen fiscal se ha legislado para que sea el sector privado y los ciudadanos de a pie los que financien la política que se diseña en el Consejo de Ministros. La fórmula no es complicada: en lugar de dar dinero al arrendatario para que pague su alquiler, se le exige al arrendador que conceda una moratoria al pago. Y lo mismo ocurre con las hipotecas, el crédito al consumo, los suministros energéticos…

También se ha obligado a los arrendadores a extender los contratos de alquiler a todos los inquilinos por 6 meses, mucho más allá del estado de alarma. En cambio, en el caso de los ERTE, las empresas tendrán que reanudar su actividad e incorporar a todos sus trabajadores sin posibilidad de hacer despidos en cuando acabe el estado de alarma decretado por el Gobierno. Las pymes y los autónomos reclaman por ello más flexibilidad.

Desde el mundo empresarial recuerdan que trasladar el coste de las políticas públicas a la sociedad, tiene varios riesgos. En primer lugar, se supone que una empresa puede financiar estas medidas, lo que pondría en riesgo su solvencia y llevaría a la suspensión de pagos a muchas empresas.

A esto se suma que se genera una cultura que, en la práctica, deslegitima la obligación de cumplir los contratos y esa deslegitimación es aún mayor cuando hay que pagar a una gran empresa. Es decir, que cuanto más grande, menos importante es cumplir el contrato. El funcionamiento del sistema económico y la inversión están, con estas medidas planteadas, en jaque.