Sánchez anuncia 30.000 € para comprar VPO pero sólo hay 350 viviendas de las 184.000 que prometió

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha lanzado una serie de nuevas medidas para mejorar el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Una de ellas consiste en una ayuda de 30.000 euros para alquileres con opción a compra para jóvenes, que se aplicaría en el caso de los pisos de protección oficial. Sin embargo, la escasa construcción de viviendas de protección oficial es uno de los grandes retos del Gobierno de Sánchez, así como la escasez de este tipo de viviendas. En concreto, Sánchez sólo ha entregado 350 viviendas de protección oficial en dos años de las 184.000 que prometió.

De esta forma, a pesar de que 184.000 viviendas de protección oficial llevan casi 2 años en el limbo, sin conocerse apenas cómo va su evolución, el Gobierno vuelve a prometer en pocos meses que va a lanzar unas ayudas de 30.000 euros para un alquiler con opción a compra en viviendas de protección oficial. Aunque todavía no se conocen todos los detalles de esta medida, teniendo en cuenta la disponibilidad de vivienda asequible que hay en la actualidad, parece que va a ser muy difícil de poder llevar a cabo.

«Vamos a crear una nueva ayuda de alquiler con opción a compra de casi 30.000 euros para que los jóvenes puedan residir durante años en una vivienda con protección permanente y terminen adquiriéndola», ha prometido Sánchez durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista celebrada en el Congreso.

Ayudas de alquiler con opción a compra

Fuentes del Ministerio de vivienda han explicado que esa ayuda se incluirá en el marco del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 y se aplicará a gente de hasta 35 años y será para viviendas protegidas.

La idea es que esos casi 30.000 euros se descuenten del futuro precio de la compraventa, de manera que el precio abonado por las rentas del alquiler supone el pago por adelantado de la futura compraventa; y la ayuda estará destinada al pago del alquiler, permitiendo a la persona ahorrar para adquirir la vivienda en propiedad.

Por otro lado, al tratarse de una vivienda protegida con carácter permanente, su precio está tasado y no podrá ser fijado libremente por el vendedor. Eso quiere decir que si en el futuro se quiere vender esa vivienda, lo tendrá que hacer a un precio tasado y a una persona que cumpla los mismos requisitos que el anterior propietario.

Hay que recordar que este mismo verano, Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, anunciaba que el Gobierno pondría a disposición de la ciudadanía 13.000 viviendas públicas en los «próximos meses», aun estando pendiente las 184.000 viviendas que había prometido con anterioridad.

Responsabilidad de las administraciones

Sánchez ha subrayado que hay una crisis de vivienda que necesita del aporte de lo público y donde la responsabilidad debe ser compartida entre el Estado, los ayuntamientos y las comunidades autónomas.

Asimismo, el jefe del Gobierno ha hecho hincapié en que la Ley de Vivienda se aplica ya al 17% de la población española y está consiguiendo reducir el precio de los alquileres. «Por tanto, nuestras políticas en materia de vivienda avanzan en la decisión correcta», ha rematado. Sin embargo, los datos contradicen las palabras de Sánchez, ya que el precio del alquiler en España ha crecido un 15,53% frente a 2024, lo que ha situado en 13,69 euros el metro cuadrado en nuestro país en agosto de 2025. Además, el coste del alquiler se ha disparado en Barcelona, debido a que es la capital de provincia más cara para los inquilinos con 29,54 euros por metro cuadrado.

Aunque ha destacado que el año pasado se terminaron más de 100.000 viviendas de obra nueva y se inició la construcción de más de 135.000, la mayor cifra de los últimos catorce años, el presidente ha reconocido que «aún queda mucho por hacer» porque todavía hay muchas personas que no han podido comprarse una vivienda o alquilar un piso por culpa de los altos precios.

Es por ello que el Gobierno quiere comenzar una nueva ofensiva en esta materia y exigirá a las plataformas de alquiler vacacional que eliminen de su web 53.000 pisos turísticos que no cumplen con la legislación para que todas esas casas «vayan a parar a la gente que las necesita para vivir gracias al alquiler residencial».