Los concursos de acreedores se dispararán un 50% cuando termine la moratoria del Gobierno

La crisis derivada del coronavirus está arrastrando a miles de empresas a solicitar el concurso de acreedores. Según los pronósticos del Consejo General de Procuradores, estos procesos podrían dispararse hasta un 50% a partir de marzo, cuando termine la moratoria concursal aprobada por el Gobierno.

Ante esta situación, los procuradores piden que se les concedan más competencias, algo que permitiría aliviar el «atasco judicial», que crece también por el elevado número de ejecuciones hipotecarias que se están llevando a cabo.

«En la exposición de motivos de la Ley Concursal se decía que se trata de sanear las sociedades para devolverlas con vida a la sociedad, pero lo triste es que en la práctica, en la mayoría de los procedimientos concursales que se inician, no se diagnostica al paciente, sino que se acaba certificando la defunción», advierte. Bajo este panorama de la ejecución y la administración concursal, los procuradores consideran que pueden contribuir «enormemente a agilizar los procedimientos judiciales».

La directora de Relaciones Institucionales de Subastas Procuradores del Consejo General de Procuradores, Teresa Ramos, está convencida de que ampliar las competencias de los procuradores es la única solución para aliviar este atasco, ya que dada la situación actual, y especialmente en los órganos judiciales, se trata de aprovechar una coyuntura que en lo económico es negativa, pero que exige que los acreedores cuenten con herramientas que faciliten la rápida recuperación de deuda.

Ramos apuesta por iniciar un acercamiento a todos los operadores de la recuperación de deuda en España, empezando por fondos de inversión, las entidades financieras, las empresas que dan servicio a estas entidades financieras y los grandes despachos de abogados.

El Gobierno aprobó a mitad de noviembre extender la moratoria concursal con el objetivo de que empresas viables, pero afectadas por la pandemia, puedan continuar su actividad en el futuro y no verse abocadas a la liquidación. En concreto, amplió hasta el 14 de marzo de 2021, inclusive, la suspensión de la obligación de los deudores de solicitar concurso de acreedores (concurso voluntario), así como la obligación del juez de admitir a trámite el concurso si lo solicitan los acreedores antes de esa fecha (concurso necesario).

Las subastas 

Los expertos explican que en estos momentos, el esfuerzo de Subastas Procuradores se va a centrar sobre todo en los ‘NPLs’ (non-performing loans, créditos con mora) que están judicializados y básicamente en los fondos de inversión, porque son los que han comprado todos los paquetes de deuda que tenían los bancos en sus balances.

Ramos asegura que se está haciendo una labor de «apostolado» porque estos fondos vienen de culturas jurídicas muy distintas. «Aunque tienen gente que es española y que entiende algo de cómo se gestiona en el ámbito judicial ese ‘npl’, ese préstamo impagado, cuesta un poco», subraya en una entrevista a la revista ‘Procuradores’.

Por ello, considera que «romper esa barrera cultural» y explicar cuáles son los beneficios de la subasta extrajudicial es uno de los grandes retos que se marca el portal de subastas del Consejo General de Procuradores.

Así, afirma que hay que explicarles que el Consejo General de Procuradores no es un servicio privado, sino una corporación de derecho público que trabaja junto a la Administración de Justicia, pero a la vez da un servicio que tiene «la misma calidad» que cualquier servicio privado para que puedan recuperar su deuda lo antes posible.

Concurso Reyal Urbis 

Sobre la subasta de bienes del concurso de Reyal Urbis, considera que se pone de manifiesto que realmente Subasta Procuradores ya es «una alternativa relevante».

«Para que se nos haya dado la subasta de Reyal Urbis hemos tenido el visto bueno de la compañía y de los dos administradores concursales, uno de ellos BDO, una auditora de relevancia hoy en España. Y sobre todo hemos tenido el visto bueno de la Agencia Tributaria», dice Ramos.

Respecto al problema de la ejecución hipotecaria en España, la directora de Relaciones Institucionales de Subastas Procuradores explica que la duración de los procedimientos de ejecución hipotecaria en España «es dramática». «Son procedimientos que duran mucho tiempo y que normalmente no satisfacen a nadie, ni al acreedor ni a los deudores», subraya.

El papel de los fondos de inversión 

Así, asegura que se ha generado una situación que, como no se solucione, va a provocar «una huida de los fondos de inversión», que precisamente están facilitando el «desagüe» de un montón de préstamos impagados que tienen las entidades financieras y que están impactando «muy negativamente» en sus balances.

«Los fondos de inversión inyectan liquidez en nuestro sistema y son una fuente dinamizadora de nuestra economía. Necesitamos que haya muchos fondos invirtiendo en España. Su presencia nos ayudará a solventar nuestra crisis más rápido», asegura.