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Economía

Nuevo fracaso de ‘Kichi’: el teléfono de emergencias 112 de Cádiz lleva 700 días de huelga

Al alcalde gaditano, José María González Kichi, se le acumulan los problemas. El servicio de emergencias 112 de Cádiz acumula 700 días de huelga, ya que, explican, ha habido una “importante reducción de plantilla y de condiciones laborales”; por ello, instan al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía invertir en recursos públicos y en garantizar unas condiciones laborales “dignas”.

Según explican los sindicatos, la cobertura de turnos en sala se ha disminuido con sólo las dos personas como normal general, pudiendo pasar que en un mismo turno con sólo las dos personas indicadas (un coordinador y un gestor), puedan entrar a sala a dar instrucciones operativas hasta cuatro jefes distintos, uno de la empresa adjudicataria y los otros tres, personal propio del Servicio, a parte del Coordinador de Formación y de un Técnico de integración en sus respectivas áreas, si lo estiman conveniente.

Pese a todo, las encuestas de satisfacción que se realizan en los Ayuntamientos de los municipios de toda Andalucía son siempre positivas respecto al servicio de emergencias.

Por ello, los trabajadores del 112 denuncian que la Junta de Andalucía “no articula el mecanismo necesario para dar cumplimiento a lo que incluso ya tiene aprobado en el Parlamento de Andalucía mediante varias proposiciones no de Ley de 2015 y 2016”.

En este sentido, el sindicato CGT denuncia en un comunicado que llevan más de 620 días de huelga, pero que han intentado reunirse con el Delegado del Gobierno en la Provincia de Cádiz, el socialista Fernando López Gil, “sin haber recibido respuesta por su parte” y, por consecuencia, “sin haber podido consumar dicha reunión”.

Precisamente el sindicato CGT fue quien convocó las movilizaciones “para dignificar las condiciones laborales de las plantillas de los servicios de emergencias 112, 061 y Salud Responde”.

El problema reside en que, a pesar de las tres Proposiciones No de Ley aprobadas, y que exigen a la Junta establecer unas condiciones laborales dignas para el colectivo y la eliminación de las subcontratas.

CGT, además, acusa a UGT y a CCOO de «complicidad manifiesta» con las «empresas buitre», mediante su silencio e inacción en la defensa de los intereses de las plantillas.