Montero recula: rebaja en 1.000 millones la recaudación del impuestazo a las energéticas

Las exenciones introducidas durante la tramitación parlamentaria en el impuesto a las energéticas -y, en menor medida, en el de la banca- supondrán un recorte de 1.000 millones (500 anuales) en la recaudación respecto a lo previsto, ha estimado en una entrevista la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De esta forma, el Gobierno calcula ahora que se recaudarán unos 6.000 millones en los dos años de vigencia de ambos impuestos (2023-24), a los que Hacienda no prevé que se sume un tercero, también de carácter extraordinario, dirigido a los supermercados, como propuso Podemos.

«Hacienda no ve en las cifras motivos para poner en marcha» ese tercer impuesto, que «nunca» ha tenido dentro de sus objetivos, como sí ocurre con los sectores bancarios y energéticos, a los que se les ha pedido «un mayor esfuerzo» por tener «en este momento mayores beneficios», ha dicho la ministra. La menor recaudación prevista para estos impuestos extraordinarios se concentra principalmente en el energético, ya que en el Congreso se acordó con PNV y PDeCAT introducir varias exenciones, entre ellas la que deja fuera del tributo las actividades reguladas, ha explicado Montero.

Además de lo impuesto a la banca y a las energéticas, Montero ha puesto en valor el importante paquete de ayudas aprobado este martes, en el último Consejo de Ministros del año, que incluye la prórroga de la rebaja del IVA de la electricidad y el gas -del 10% al 5%- durante todo 2023. Esta medida es, junto a la limitación de la subida de los alquileres al 2%, las únicas cuya prórroga se ha aprobado para todo el año, lo que obedece, según Montero, a cuestiones muy ligadas con necesidades regulatorias.

La ministra ha defendido además como «selectiva» la rebaja del IVA para los alimentos de primera necesidad -que pasará del 4% a cero-, ya que afecta a aquellos productos que tienen «una mayor presencia» en las compras de los colectivos más vulnerables. La rebaja del IVA estará vigente todo el primer semestre salvo que la inflación subyacente baje del 5,5%, una revisión que se realizará una única vez -en el mes de mayo y con el dato del IPC de marzo- y sin tener en cuenta la evolución del precio de cada alimento por separado.

Durante meses el Gobierno había rechazado la rebaja del IVA de los alimentos, un cambio de opinión que la ministra achaca, por una parte, a que «se ha ido resolviendo» el problema energético y, por otra, a que esta medida era «la única» que combinaba dos requisitos: impactar más en los colectivos de menor renta y tener un «efecto práctico» en la reducción del precio.