La Ley del desperdicio alimentario multa a los bares pese a que el 42% de los residuos son de los hogares

• Nayara Mateo @nayamateo
• Redactora de economía, especializada en el sector inmobiliario, turismo, consumo y distribución. Antes en Expansión, Efe y Brainsre.news.
• • 10/06/2022 06:45
  • Actualizado: 10/06/2022 09:20

El Proyecto de Ley contra el desperdicio de alimentos contempla sanciones de hasta 500.000 euros para las empresas de la cadena alimentaria que no cumplan las obligaciones impuestas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Sin embargo, la normativa del Gobierno no prevé sanciones ni control en los hogares, tan sólo una guía de buenas prácticas, pese a que son los responsables del 42% de los desperdicios totales, según datos de la Comisión Europea. Mientras que la industria genera el 39%, la restauración el 14% y el comercio el 5%.

La Ley contra el desperdicio de alimentos obliga a las empresas que forman parte de la cadena, es decir, desde los agricultores hasta los distribuidores, a tener un plan para minimizar los desechos y destinar estos alimentos a otros usos, según han informado fuentes del Ministerio.

En concreto, la Ley obliga a todos los agentes de la cadena alimentaria -excepto los locales de menos de 1.300 metros cuadrados- a tener convenios de colaboración con empresas, entidades sociales o bancos de alimentos para donar los excedentes. A su vez , estos últimos deberán garantizar la trazabilidad de los alimentos donados mediante un sistema de registro de entrada y salida.

Si no fuese posible cumplir la anterior obligación, por el estado de los alimentos, los agentes tendrán que transformar los productos no vendidos en zumos, cremas o mermeladas. No obstante, en caso de que ya no sean aptos para el consumo humano, la preferencia de uso será la siguiente: la alimentación animal y fabricación de piensos, el uso como subproductos en otra industria ya como residuos y la obtención de compost o biocombustibles. La normativa obliga a cumplir estas medidas en el orden mencionado, de no ser así, la empresa podría enfrentarse a diferentes sanciones.

Sanciones

Se consideran infracciones leves no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de los alimentos o no donar los productos no vendidos que son aptos para el consumo humano a través de un pacto o convenio. Estas faltas conllevan sanciones de hasta 2.000 euros.

Mientras que las sanciones por faltas graves oscilaran entre 2.001 y 60.000 euros. Se considera infracción grave no contar con un plan de prevención o reincidir en infracciones leves.  Por último, las infracciones muy graves son sancionables con entre 60.001 y 500.000 euros.

A parte las obligaciones, el Proyecto de Ley incluye un catálogo de buenas prácticas orientadas a reducir el desperdicio alimentario. Este aparatado está especialmente orientado a los hogares, que no tienen restricciones ni obligaciones.

¿Quién sancionará?

Las comunidades autónomas serán las encargadas de controlar el cumplimiento de las medidas contempladas en el Proyecto de Ley. Concretamente, serán los inspectores autonómicos los que controlarán y sancionarán a los implicados en la cadena alimentaria.

Por ello, no será necesaria la creación de nuevos cuerpos de inspectores para garantizar el cumplimiento de la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, sino que los controles pertinentes se añadirán a los ya realizados para vigilar la actividad comercial.