Jainaga (Sidenor) niega en la Audiencia Nacional irregularidades en la venta de acero a Israel

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, y otros dos directivos de la metalúrgica, que han declarado este miércoles como investigados en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de contrabando y complicidad con genocidio, han asegurado que cumplieron la legislación en la venta de acero a la compañía Israel Military Industries (IMSI).

Durante sus declaraciones ante el juez Francisco de Jorge, los investigados han defendido que, cuando se realizaron las ventas, «no existía ninguna limitación en las relaciones comerciales» con Israel y «las entregas se cancelaron por decisión de Sidenor» tres meses antes de que el Gobierno decretase el embargo, según un comunicado de la empresa.

Los investigados solo han respondido a las preguntas de su defensa, para señalar, según Sidenor, que el acero fabricado y vendido a Israel «no figura en el Anexo I de los reglamentos español ni europeo que identifican los productos sometidos a un control especial por parte de la Administración».

«Y, en ese sentido, no precisa estar incluido en ningún registro específico ni haber solicitado una autorización previa para su exportación a países no sometidos a embargo», según el comunicado.

La compañía ha defendido que no recibieron comunicación alguna por parte de las autoridades españolas o europeas sobre limitaciones excepcionales en las ventas de acero a Israel.

«Ninguno de los aceros vendidos por Sidenor a Israel corresponden a la descripción detallada» en «el Real Decreto 679/2014 que regula las ventas a otros países de armamento y materiales susceptibles de doble uso y el Reglamento Europeo 821/2021», indica.

Y subraya que los envíos a los que se refiere la denuncia representan menos del 0,2% de las ventas totales anuales de la metalúrgica vasca.

Sidenor recuerda que suspendió las relaciones comerciales con Israel a partir de julio de este año, antes de que el Gobierno español decretase el embargo a ese país en setiembre. «Y canceló, por voluntad expresa de la compañía, el embarque previsto en el puerto de Barcelona para el 1 de julio», añade.

Además, la defensa ha avanzado que aportará un informe pericial sobre la trazabilidad de los pedidos realizados por el cliente israelí que «demuestra que ninguno de los aceros fabricados por Sidenor y vendidos a esa empresa se encontraban dentro del catálogo de productos sometidos a un control especial».

Fuentes jurídicas han indicado que Jainaga, ante el juez, ha dicho que no tenía conocimiento de esas ventas y que las llevaban subordinados.

Por su parte, los querellantes han indicado tras las declaraciones que «no es solo si había o no una autorización, sino que va mucho más allá, y es sobre si se estaba vulnerando el Derecho Internacional Humanitario en la Franja de Gaza y si esa empresa con su actividad estaba contribuyendo a ese resultado final».

El abogado de los querellantes, David Aranda, ha señalado que «el acero iba destinado a una empresa que fabrica de forma exclusiva tecnología militar», entre ellas «plataformas de lanzamiento de misiles, munición, etc.».

Jainaga y los otros dos directivos -el director general corporativo, Marco Pineda; y el director comercial, Íñigo Molero- están investigados por presuntos delitos de contrabando y participación por complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio por la venta, sin autorización, de partidas de acero.

Las del presidente de Sidenor, Pineda y Molero han sido las primeras declaraciones celebradas en el marco de esta causa, puesto que hasta el pasado octubre estuvo bajo secreto de sumario.

Argumentos de la querella

El juez acordó citarles a comparecer a raíz de la querella que presentó la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa, al entender que se puede «deducir» que los tres intervinieron en «la venta de partidas de acero, repetidamente, a la IMSI».

Según el instructor, actuaron «con pleno conocimiento» de que el comprador era «un fabricante de toda clase de armamento, tanto pesado como ligero y de que el acero iba lógicamente destinado a la producción de armamento, sin solicitar la correspondiente autorización al Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente».

De Jorge considera que los hechos ocurridos en Gaza son de dominio público, tanto por las noticias conocidas como por la calificación provisional como delito atribuido a estos acontecimientos por el Tribunal Penal Internacional y las denuncias presentadas por la Relatora Especial de la ONU, Francesca Albanese, y por la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo, «entre otras personas y agencias de la Naciones Unidas».

Los querellantes aseguraron que Sidenor ha enviado «1.207 toneladas de acero desde agosto de 2024» y justificó atribuir a los investigados el presunto delito de contrabando porque considera «iluso» pensar que la empresa hubiese podido mandar los materiales sin saber que era obligatorio tener un permiso.

«Debe considerarse que Sidenor, al dedicarse a la fabricación de aceros especiales y contar con la certificación de calidad para la producción de material de defensa, posee un conocimiento especializado del sector, por lo que resultaría iluso pensar que pudieran estar enviando acero a una empresa armamentística israelí sin conocer la necesidad de obtener una autorización previa», añadió.