Incumplimiento del déficit y parón de las inversiones: las consecuencias del fracaso de Sánchez

Con el rechazo parlamentario a las cuentas públicas que elaboraron el Gobierno y su socio, Podemos, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del último año de Mariano Rajoy quedan automáticamente prorrogados. Este hecho tendrá consecuencias políticas, pero también económicas.

Desde el punto de vista político, una vez constatado el fracaso de Pedro Sánchez en el trámite del proyecto de Ley más importante del año se abre la puerta a una convocatoria de elecciones anticipadas. Así sucedió cuando Felipe González no logró aprobar sus Presupuestos en 1995, curiosamente, también por la negativa de la antigua CiU a darle respaldo.

Desde el punto de vista económico, el escenario de incertidumbre política, combinado con la prolongación de la vida de los últimos Presupuestos tendrá un coste evidente, pero difícil de cuantificar en este momento. Los PGE 2018 se elaboraron para ser ejecutados en un escenario de mayor crecimiento económico y para cumplir con un déficit del 2,2%. Una meta que no se cumplió, ya que a falta del dato definitivo, todo apunta a que el déficit cerró 2018 en el 2,7%. Para este año, España se había comprometido con Bruselas a cerrar el ejercicio con un déficit del 1,3% en un contexto de claro enfriamiento económico que rebajará el avance del PIB al 2,2%, según las previsiones del Ministerio de Economía. Unas proyecciones que han sido tildadas de optimistas por la Comisión Europea, que estima que ese crecimiento será del 2,1%.

El hecho de que el Gobierno no haya logrado aprobar sus PGE no invalida los compromisos adquiridos con la UE. Esto significa que el Ejecutivo debería intentar conseguir el recorte de gasto y aumento de ingresos necesario para alcanzar ese objetivo de déficit del 1,3%. Algo que a día de hoy es una quimera. En cualquier caso, las cuentas que ha defendido en el Congreso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tampoco hubieran cumplido con ese objetivo de déficit, según habían coincido en señalar organismos como la AIReF, el Banco de España, el Colegio de Economistas o el Círculo de Empresarios. Todos ellos consideraban que el déficit cerraría este ejercicio en el entorno del 2,2% si finalmente el Gobierno lograba sacar adelante su proyecto de PGE 2019.

Que el Gobierno no logre aprobar su Presupuesto no invalida el compromiso de reducir el déficit. Pero lograrlo es una quimera.

Con las cuentas prorrogadas, las partidas de gasto que pactó Rajoy con las fuerzas políticas que dieron respaldo a sus PGE seguirán vigentes. Pero habrá otras nuevas que elevarán ese gasto. Se trata de aquellas contenidas en los decretos que el Gobierno ha logrado aprobar en las Cortes, como el incremento de las pensiones con el IPC (que elevará ese gasto) o la subida del sueldo de los funcionarios.

En el caso de que Pedro Sánchez decida convocar elecciones anticipadas, el parón económico que acompaña a los procesos electorales podría impactar de forma negativa al crecimiento económico de este ejercicio por el hecho de que muchas inversiones -tanto privadas, como públicas- quedarán a la espera de conocer cuál es el próximo Gobierno de España antes de ser ejecutadas. Si no las convoca, la imagen de debilidad del Gobierno tampoco acompañará a la inversión, que suele ser poco amiga de escenarios de incertidumbre, como el que se abrió recientemente en España con los vaivenes del decreto de la Vivienda tumbado finalmente por el Congreso. De este modo, el primer Gobierno constituido en España fruto de una moción de censura no saldrá gratis en términos económicos.

Muchas inversiones quedarán a la espera de conocer cuál es el próximo Gobierno, con lo que la moción no saldrá gratis.

Por último, desde el punto de vista de los mercados, la noticia de que el Congreso tumba los Presupuestos no es positiva. Prueba de ello ha sido la advertencia de calificación crediticia Moody’s que en una nota difundida esta mañana, ha reconocido que la imagen de incertidumbre política que está dando España impedirá que el país logre una mejora de su rating en el corto plazo, una decisión que tiene un impacto relevante en los costes de financiación de la economía española. Pese a todo, la prima de riesgo no se ha alterado por la decisión del Congreso de tumbar los Presupuestos y se mantiene estable en 112 puntos.