La incertidumbre política arriesga las ayudas contra la inflación que han rebajado el IPC cuatro décimas

La incertidumbre política suscitada por el resultado de las pasadas elecciones del 23 de julio, sin que se sepa cuándo será investido el próximo presidente ni tampoco el momento en que habrá formado un nuevo Gobierno, pone en riesgo las ayudas contra la inflación aprobadas para combatir los efectos sobre los precios, primero del Covid, y después de la guerra entre Ucrania y Rusia. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las bajadas de impuestos y las subvenciones aprobadas han logrado reducir la inflación en torno a cuatro décimas durante el último año.

De hecho, en julio, cuando el IPC aumentó, empujando la inflación al 2,3%, ésta habría sido del 2,7% sin tener en cuenta las medidas de apoyo decididas por el Gobierno. Y aunque el INE todavía no da información desagregada en el indicador adelantado de agosto, cuando la inflación ha vuelto a subir -en este caso tres décimas- hasta el 2,6%, ésta habría rondado el 3% sin los esquemas de apoyo del Ejecutivo, cuyo plazo de vigencia concluye el próximo mes de diciembre.

Todo es una incógnita sobre lo que sucederá a partir de entonces, porque, en ausencia de un nuevo Gobierno legalmente constituido, los presupuestos del Estado se prorrogarán automáticamente, dejando en el aire las citadas ayudas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se someterá a la investidura a finales de septiembre, y como es improbable que ésta salga adelante, habrá que esperar el próximo examen del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que precisa, además de todos los aliados de la actual legislatura, el concurso de Junts per Catalunya, la formación que lidera el prófugo Carles Puigdemont, para ser investido. La consecuencia es que es imposible saber cuándo habrá un nuevo Ejecutivo, ni cuándo estará en condiciones de tomar decisiones, lo cual afecta de lleno a las actuales ayudas contra la inflación.

En todo caso, éstas también están amenazadas por la Unión Europea, que ha advertido a los estados de que vayan eliminando los apoyos porque las circunstancias excepcionales que los provocaron han desaparecido prácticamente, como es el caso del Covid, mientras la guerra de Ucrania se ha cronificado, y ha dejado de tener los efectos nocivos que produjo en su momento. Adicionalmente, los expertos han recomendado la supresión de las ayudas porque lanzan una señal equivocada a los consumidores y acaban escamoteando la dimensión real de la inflación, que es bueno que se haga presente cuanto antes, señala Gregorio Izquierdo, director general del Instituto de Estudios Económicos. En su opinión, más grave es la evolución del índice subyacente, que no tiene en cuenta los precios de los alimentos sin elaborar y de la energía, y que está mostrando una gran resistencia a la baja.

Según el INE, la inflación continuó su senda de crecimiento en agosto con un aumento del 2,6% con respecto al mismo mes del año anterior. La tasa es tres décimas superior al 2,3% de julio, debido al repunte de los precios de los carburantes y, en menor medida, de los combustibles líquidos. En sentido contrario, la inflación subyacente se moderó sólo una décima en agosto, hasta el 6,1%, pero ésta es la que tiene en cuenta el Banco Central Europeo a la hora de decidir el rumbo de los tipos de interés. La próxima reunión del BCE tendrá lugar el próximo 14 de septiembre. La vicepresidenta Calviño también tuvo muy en cuenta la inflación subyacente a la hora de fijar los esquemas de apoyo a los consumidores, estableciendo que éstos se mantendrían mientras dicho indicador fuera superior al 5,5%, como sucede en la actualidad.

Según Izquierdo, la consistencia de la inflación subyacente tiene todo que ver con el aumento sostenido de los costes que se ha venido produciendo durante los dos últimos años debido al choque energético y también a la falta de suministro de algunos elementos básicos para la producción. A su juicio, también está influyendo en su evolución la subida de los costes laborales, muy influidos por el espectacular incremento del SMI, así como por la predisposición de muchas empresas, entre ellas las más grandes, de atender a las crecientes demandas salariales.

El esquema de ayudas

El Gobierno de Sánchez aprobó en junio pasado, un mes antes de las elecciones generales, la prórroga hasta diciembre de un paquete de medidas por valor de 8.900 millones entre reducciones de impuestos, ayudas directas y bonificaciones. Entre estas medidas se encuentran, además de las rebajas del IVA al precio final de los alimentos o la limitación del coste final de la bombona de butano, las bonificaciones a los abonos transporte de las comunidades autónomas o las ayudas a los transportistas. También siguen en vigor las rebajas de IVA en la luz y el gas o la suspensión del Impuesto Especial sobre la electricidad.

En concreto, se mantienen las rebajas de IVA del 4% al 0% en los productos de primera necesidad y del 10% al 5% en otros productos básicos como las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales que tengan la condición de productos naturales de acuerdo con el Código Alimentario. El listado de los que mantendrán esa rebaja del 10% al 5% de IVA también se mantiene inalterable hasta diciembre, por lo que las pastas alimenticias y los aceites, incluido el de oliva, seguirán bajo ese tipo impositivo. Algo que, como ya ocurre, se extenderá a todos los bienes alimenticios que contaran con ese gravamen inicial.

Según el decreto elaborado en junio por la ministra Nadia Calviño, todas estas rebajas tributarias permanecerán en vigor hasta el 31 de diciembre de 2023 siempre que la tasa interanual de la inflación subyacente esté por encima del 5,5%. Si cae por debajo de esa tasa en el mes de septiembre, cuyo dato se conocerá en el mes de octubre, se recuperaría el tipo impositivo habitual de IVA en los alimentos antes referidos en los dos últimos meses previstos para la aplicación de la medida. Es decir, desde el 1 de noviembre hasta finales de diciembre. Con esta prórroga para el segundo semestre de 2023, el ahorro para las familias, tanto por los productos que pasarán del 4% al 0% como por los que cambian del 10% al 5%, sería de 661 millones, como ya ocurrió durante la primera mitad del año, según los cálculos del Gobierno.