Hacienda ‘parchea’ otra vez el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF para no residentes

El Gobierno ha vuelto a parchear otra vez el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF para no residentes.  Ha aprobado en el Consejo de Ministros la transposición de dos directivas europeas que modifican el Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto de la Renta de No Residentes.

¿Su motivación? Luchar contra la elusión fiscal que se pueda derivar de la utilización de las llamadas ‘asimetrías híbridas’. Es decir, cuando los fiscalistas aprovechan las diferencias en el tratamiento fiscal entre dos países para lograr que no se paguen impuestos en ambos territorios.

Así lo ha anunciado la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha dicho que la norma busca evitar que se produzca una deducción del gasto en España, si el correspondiente ingreso no tributa en otro país, o que se produzcan dobles deducciones de un mismo gasto.

Montero ha avanzado que esta modificación se lleva a cabo a través de la aprobación de un real decreto que transpone las dos directivas comunitarias.

Así, lo que busca la norma es evitar situaciones distintas en el trato fiscal entre países. «No persigue aumentar la recaudación tributaria, sino prevenir conductas mediante la elusión fiscal», ha recalcado Montero.

El Gobierno afirma que el concepto de ‘asimetrías híbridas’ responde al tratamiento fiscal distinto que tiene una misma operación sobre una sociedad que, por ejemplo, se ubica en España respecto a su filial o empresa vinculada que se sitúe en otro país.

La directiva trata de evitar que el mismo gasto no pueda ser deducible en los dos países al mismo tiempo o que una operación pueda tener la consideración de gasto deducible en un país, pero que en el otro sea considerado un ingreso a efecto de tributación.

La titular de Hacienda ha señalado que dentro del paquete de medidas que impulsa la OCDE para que este impuesto tenga un mayor rendimiento en el mundo y la UE, España va a ampliar el control con esta directiva y «avanzar hacia un sistema más justo, más redistributivo y más progresivo».