Gobierno y sindicatos firman un acuerdo para prejubilar a los trabajadores del carbón

El Gobierno y los agentes sociales implicados en el sector del carbón han firmado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.

El plan contempla que los trabajadores afectados por los nuevos cierres de minas puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.

El acuerdo ha sido rubricado por el Ejecutivo, la Federación nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) y los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO). En el acto han estado presentes la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

Fondo de 250 millones de euros

Para financiar las bajas incentivadas y el resto de medidas, el pacto incluye un un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.

Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas, informa Europa Press.

Además, el acuerdo dedica un apartado potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) como vector del proceso de transición energética justa.

El pacto da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año.

De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.

Además de las prejubilaciones ya explicadas, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización.

Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa.