El ‘propalestino’ Sánchez entrará en Talgo junto a Sidenor pese a la imputación por vender acero a Israel

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 13/11/2025 05:45
  • Actualizado: 13/11/2025 12:52

El Gobierno se va a comer sus principios propalestinos y antiisraelíes en la operación de rescate de Talgo. Ante las presiones del PNV, ha aceptado seguir adelante con el plan de entrada de la SEPI en la compañía ferroviaria de la mano de Sidenor, e ignorar que su presidente, José Antonio Jainaga, está imputado en la Audiencia Nacional por vender acero a Israel que, supuestamente, se habría utilizado para fabricar armas.

El compromiso de la SEPI -el holding empresarial del Estado- de entrar en Talgo con una inversión de 75 millones había quedado en suspenso por una cuestión reputacional: el Gobierno no podía ir de la mano de una empresa «cómplice del genocidio» israelí en Gaza, como lo denomina la izquierda.

Sin embargo, la inyección de dinero público es vital para que Talgo pueda superar la delicada situación en que se encuentra. Y la compañía es absolutamente estratégica para el Gobierno vasco. Por eso, ha presionado a Pedro Sánchez para que la SEPI siga adelante de la mano del consorcio vasco de Sidenor (en el que participan el fondo público Finkatuz y las fundaciones BBK y Vital), a pesar de la imputación de su presidente.

Jainaga declaró este miércoles ante el juez Francisco de Jorge y negó cualquier irregularidad o incumplimiento de las normas cuando vendió el acero a una empresa israelí -sobre todo, porque no estaba en vigor el boicot del Gobierno a ese país-. Uno de los argumentos del PNV para convencer a Moncloa es que esta imputación no va a ir a ninguna parte. Cabe recordar que el juez acusa a Jainaga de contrabando y complicidad en genocidio, unos delitos de una magnitud exagerada para los hechos que se investigan.

Pero, en todo caso, el riesgo reputacional sigue presente, y puede provocar una nueva trifulca del PSOE con sus socios de izquierdas. En este caso, pesa más mantener buenas relaciones con los nacionalistas vascos, con vistas a las próximas elecciones. El PNV, por su parte, está mucho menos significado en el conflicto de Oriente Medio, ya que la bandera palestina la enarbola Bildu en el País Vasco.

Otros obstáculos

No obstante, los planes del Gobierno vasco y de la SEPI en Talgo se enfrentan a otros graves obstáculos, como ha venido informando OKDIARIO. Por un lado, la suscripción de obligaciones convertibles en acciones de Talgo por importe de 75 millones de euros por el consorcio de Sidenor en las mismas condiciones de suscripción que las de SEPI, lo que eleva su factura a 232 millones (sumando los 157 millones de la compra del 29,7% del capital), por exigencia del holding público.

El que más dificultades tiene para alcanzar estas cifras es el propio Sidenor en la parte que le corresponde (el 13,3%), quien además no tendrá ninguna sinergia con su entrada en Talgo. Por eso, el contrato de compra de ese 29,7% contiene una cláusula que permite a la empresa de José Antonio Jainaga revender su participación en Talgo al resto de miembros del consorcio; es decir, le da una puerta de salida. Ahora bien, tiene penalización (como es habitual en estos casos) si vende su paquete antes de dos años y lo hace por encima de esos 4,25 euros por acción.

En segundo lugar, la operación requiere una refinanciación de la deuda que implica la aportación de 1.270 millones más por parte de los bancos acreedores. Aquí, el consorcio y la SEPI confían en que, puestos entre la espada y la pared -es decir, entre hacer esto o que Talgo vaya a concurso de acreedores-, los bancos aceptarán.

En tercer lugar, la operación también requiere que la CNMV dictamine que no hay concertación entre el consorcio y la SEPI -es decir, entre los Gobiernos central y vasco- y que no les obligue a lanzar una OPA sobre el 100%. Algo que sería escandaloso, puesto que el acuerdo entre ambas partes fue alcanzado por Pedro Sánchez e Imanol Pradales en persona.

Por último, es necesario que la Comisión Europea no considere que los 75 millones de la SEPI son ayuda de Estado (más los aportados por Finkatuz, también público y miembro del consorcio). Algo contra lo que protestarán los grandes competidores de Talgo, como Siemens y Alstom. Y no olvidemos la multa de 167 millones impuesta por Renfe, que también puede hacer descarrilar la operación.