El Gobierno obligará a las empresas que quieran irse de España a avisarle 9 meses antes

El Gobierno quiere blindarse ante una posible fuga empresarial derivada de su voracidad fiscal. Para ello, PSOE y Sumar han presentado una proposición no de ley que obligará a las empresas a que notifiquen al Ejecutivo con nueve meses de antelación su intención de cambiar su sede social fuera de España. Así, con esta cláusula anti-Ferrovial, Pedro Sánchez busca ganar tiempo, ya que, durante este periodo, el Gobierno negociará con las compañías para disuadirlas de su intención de abandonar nuestro país. Además, en el caso de recibir grandes subvenciones, la deslocalización se congelará durante al menos cinco años.

El riesgo de deslocalización de España es muy alto dado los altos tipos impositivos que se han ido consolidando con el Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo de coalición no es ajeno a esta realidad, que ya se ha materializado en casos muy sonados como el de Ferrovial. «Dentro de estas vulnerabilidades, está la deslocalización empresarial, que es un fenómeno por el cual las multinacionales trasladan ciertas actividades a un país diferente del suyo para abaratar costes», reza la citada proposición.

Para frenar esta situación, PSOE y Sumar han presentado una batería de propuestas orientadas a desincentivar los fenómenos de deslocalización empresarial, entre las que destaca una: las empresas tendrán que pedir permiso al Gobierno para salir de España, notificándoselo con nueve meses de antelación. ¿Qué objetivo tiene dar ese tiempo al Ejecutivo? Que este pueda «negociar medidas que puedan revertir la decisión». Es decir, el Gobierno gana tiempo para abordar una negociación con las empresas y disuadirlas, mediante ayudas o subvenciones, de su intención de abandonar España.

Sin embargo, este lapso de tiempo que se da el Gobierno para intentar convencer a la empresa de que no deslocalice su actividad, juega en contra de las propias compañías. Y es que, si una empresa decide abandonar España para que la voracidad fiscal del Gobierno no lastre sus cuentas, tendrá que esperar casi un ejercicio fiscal para poder ejecutar su salida. Sin embargo, este no es el peor escenario: en el caso de que recibas una cierta cantidad de subvenciones del Estado, la deslocalización quedará congelada durante un tiempo.

Concretamente, los grupos empresariales que, en el conjunto de las administraciones públicas superen los tres millones de euros en los últimos cinco años, deberán mantener la actividad productiva al menos durante cinco años en el caso de grandes empresas, tres en el caso de medianas empresas y dos en el caso de pequeñas empresas. «Entendiendo que se incumple esta obligación cuando procedan de manera efectiva a reducir en más de un 65% su producción o en 500 personas o más su plantilla», reza el texto.

Libertad de establecimiento

Así, la proposición que presentan los dos grupos del Gobierno choca de forma frontal con la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, que tanto en su base jurídica como en su objetivo, pide «adoptar medidas oportunas para facilitar su ejercicio, entre las que se incluye la armonización de las normativas nacionales de acceso o su reconocimiento mutuo».

Gracias a este tipo de medidas, entre otras cuestiones, pudo darse la deslocalización de forma rápida y efectiva de Ferrovial, que abiertamente habló de que su marcha se debía a «motivos fiscales», entre otras cuestiones. La subida de costes e impuestos hace que muchas empresas estén hablando en sus consejos de administración de la posibilidad de deslocalizar parte del negocio, cuando no salir de España directamente.

El grupo BSH está precisamente trasladando parte de su operativa, lo que afectará al menos a 1.200 trabajadores, y lo hace motivado por el aumento de los costes en España. Este tipo de acciones es lo que quiere evitar la propuesta del Gobierno, que prohíbe la salida inmediata y obligaría a permanecer casi un ejercicio fiscal más en España, con los costes que ello conlleva.