Global Food recibió 1,3 millones en contratos públicos y lleva cuatro meses sin pagar sueldos

Los trabajadores de Global Food Management que trabajan en servicios de restauración de los ministerios de Economía, Hacienda, Industria y Defensa en Madrid han declarado una huelga este lunes y el martes tras acumular cuatro meses sin cobrar sus nóminas. La empresa, que ya ha protagonizado episodios similares en otros puntos de España, obtuvo el año pasado contratos con el Estado por casi 1,3 millones de euros.

En el caso de Madrid, desde Comisiones Obreras han explicado a OKDIARIO que la empresa debe el salario de cuatro meses a 45 trabajadores que trabajan en diferentes instalaciones del Ministerio de Defensa y a algo más de 20 que lo hacen en Economía, en Hacienda y en Industria. Además de las sedes de esos departamentos, la huelga tiene lugar en el Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Armada, a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, el complejo de Defensa en Castellana 222 y a la Escuela de Defensa de Carabanchel.

En 2015, Global Food resultó adjudicataria de cuatro contratos con organismos de la Administración General del Estado por algo más de 1.275.000 euros, además de otros para gestionar servicios de comedor, cafetería o vending sin previo pago.

El mayor de los contratos, por casi 1.250.000 euros corresponde al servicio de elaboración y reparto de comidas en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, y le fue adjudicado el 3 de septiembre. Dicho contrato fue rescindido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en mayo de este año. En aquel momento la compañía adeudaba 200.000 euros a sus proveedores, y dejó sin pagar a la plantilla una cantidad de entre 50.000 y 60.000 euros en total. La deuda individual con algunos trabajadores, que denunciaron a la empresa el mes pasado, ascendía a 3.000 euros.

Otro de los contratos remunerados por la Administración (en el resto los ingresos vienen cuando los empleados públicos pagan por su comida o bebida) fue adjudicado por la Oficialía Mayor del Ministerio de Economía y Competitividad el pasado 9 de octubre y ascendió a 21.778,79 euros. En este caso se adjudicó el servicio auxiliar de restauración en las dependencia y salas de reuniones del departamento de Luis de Guindos.

La Agencia de Evaluación y Calidad del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó otro contrato apenas una semana después, el 16 de octubre. Este organismo pagó 4.900 euros por los servicios de catering durante la Conferencia Estatal de Calidad de los Servicios públicos que se celebró tres y cuatro días después, el 19 y el 20 de octubre de 2015.

El cuarto contrato por cuantía, apenas 723 euros, fue el primero de todos. Lo adjudicó el 23 de marzo por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. El objeto era la prestación de medios de apoyo para la jornada de la comunidad de formadores internos del departamento ministerial.

Al margen de estos contratos, el Estado adjudicó en 2015 a Global Food en 2015 otros en los que la Administración no desembolsa cantidad alguna puesto que se trata de concesiones para la explotación de cafeterías, autoservicios o máquinas expendedoras de bebidas y comida. El Ministerio de Defensa fue el que contrató en estas ocasiones los servicios de la empresa. Lo hizo para el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, las residencias militares de Navacerrada (Madrid) y Málaga (dos contratos en este caso) y el complejo de Arturo Soria en Madrid de la Academia Central de la Defensa.

Historial de impagos a los trabajadores

Los ministerios en Madrid y el CETI de Málaga no son los únicos casos de contratos con la Administración General del Estado en los que Global Food ha dejado de pagar las nóminas a sus empleados. Fuentes del sindicato CSIF en Málaga han explicado a OKDIARIO que la empresa adeuda numerosos salarios de varios meses a más de medio centenar de trabajadores en la provincia. Estos trabajan o trabajaban en contratos en residencias militares, la universidad o incluso la Comisaría Provincial de la Policía Nacional. Esta última también rescindió su contrato, según las fuentes.

En algunos de estos casos no sólo se ha dejado de pagar a los trabajadores, explican desde CSIF. En varios de esos lugares la compañía dejó de prestar sus servicios porque los proveedores no entregaban su mercancía, o no arreglaban las máquinas de vending, debido a que no se les pagaba por sus bienes y servicios.