La Generalitat llevará al límite la legislación contra Uber y Cabify en contra de los técnicos

La Generalitat de Cataluña se muestra convencida de que puede construir una regulación extrema a favor del taxi y contra Uber y Cabify que prácticamente acabaría con el negocio de las dos empresas en Cataluña. Concretamente, sería la obligación de que las VTC contraten sus servicios con un mínimo de 12 horas de antelación y que tengan que volver a su base después de cada viaje. OKDIARIO ya avanzó de las intenciones restrictivas que vienen desde Cataluña para estas empresas.

Fuentes conocedoras de la situación afirman que el consejero de Transporte Damià Calvet -independentistas de PdeCAT y uno de los principales urdidores del movimiento Crida Nacional per la República de Carles Puigdemont- se muestra a favor de aplicar estas dos medidas que acabarían con Uber y Cabify en Cataluña. Frente a esta intención política están los técnicos del departamento de Transporte, que creen que llevar a cabo estas medidas forzaría demasiado o llevaría al límite la legislación: las citadas medidas para que las VTC sean contratadas 12 horas antes y que tengan que volver a su base después de cada viaje.

Ambas medidas acabarían sin ninguna duda con el actual modelo de negocio de Uber y Cabify, que requiere de tiempos de espera cortos entre servicio y servicio para ser rentables, además del coste en tiempo y combustible que supondría tener que volver a la base después de cada servicio, eliminando las posibles economías de escala.

Según ha sabido este diario de fuentes internas, la firma de un comunicado conjunto impulsado por la patronal Elite Taxi (próxima a Ada Colau y Podemos) en el que se exigen estas medidas, ha causado disensiones entre las patronales taxistas.

«Es hora de que la Generalitat haga uso de sus competencias y solucione de definitivamente el conflicto taxi/VTC en Cataluña y que determine la diferencia de los dos sectores en la prestación del servicio», ha exigido el comunicado conjunto dirigido a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, dirigida por el independentista Damià Calvet.

Comunidades y ayuntamientos deben legislar

Tras el real decreto aprobado por el Ministerio de Fomento de José Luis Ábalos el pasado mes de septiembre, y posteriormente convalidado por el Congreso de los Diputados, ahora son las comunidades autonómas las que tienen la capacidad legislativa en transporte terrestre urbano, que en algunos casos pueden traspasar a los ayuntamientos y en otros ejercer por sí mismas. El caso de Cataluña es especial por cuanto el movimiento sindicalista de los taxistas que más ha movido el sector en los últimos meses, dirigido por el taxista Tito Álvarez, mantiene las posturas más ambiciosas planteando cambios regulatorios que dañarían sin remisión el actual modelo de negocio de Cabify y Uber.

La Generalitat ha convocado al sector del taxi en Cataluña este lunes 7 para escuchar sus reivindicaciones.

Mientras tanto, en otras autonomías también hay movimiento para derivar en legislaciones lo más restrictivas posibles contra las VTC. Así, en Madrid también se intentará, aunque los tiempos políticos de la Comunidad de Madrid (con elecciones el próximo mes de mayo) imposibilitan un acuerdo político de relevancia en el escaso margen que queda antes de disolver la Asamblea autonómica.