Economía
Impuesto bebidas azucaradas

La Generalitat asegura que el impuesto a las bebidas azucaradas se seguirá pagando: «No nos tumbarán»

La Generalitat no se da por vencida. El vicepresidente del Govern, Pere Aragonés, ha señalado este jueves que la decisión del TSJ de Cataluña de tumbar el impuesto a las bebidas azucaradas no es definitiva y trabajarán para que «vuelva a estar vigente» lo antes posible. Según Aragonés, el TSJ ha anulado el reglamento que desarrolla el impuesto, no el impuesto en sí.

«El impuesto no está anulado, sino el reglamento que desarrolla aspectos técnicos», ha dicho. «El oligopolio de la industria alimentaria que ha puesto en el punto de mira este impuesto desde el primer día no nos tumbará», ha advertido.

«La ley del impuesto sigue vigente y el impuesto se tendrá que pagar», ha asegurado Aragonès, que ha precisado que el Govern «volverá a aprobar» aquellos aspectos técnicos incluidos en el decreto anulado para que vuelvan a estar en vigor.

Aragonès ha dicho que el Govern estudiará también «la viabilidad de un recurso» al fallo conocido este jueves y ha añadido que «lo peor que podría pasar» es tener que devolver cantidades ya recaudadas para cobrarlas luego otra vez.

FIAB

El recurso ante el TSJC lo habían promovido la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB), la patronal de la gran distribución Anged, la asociación de grandes cadenas españolas de supermercados (Aces), la de distribuidores de autoservicios y supermercados (Asedas), la asociación de codificación comercial Aecoc; la asociación empresarial de marcas de restauración y la asociación Promarca.

Aragonès ha dicho que el impuesto es «necesario» porque una parte de la población sufre los efectos nocivos en la salud del exceso de azúcar y ha insistido en el compromiso «firme y total» del Govern de seguir aplicando este tributo.

La sección segunda de la sala contencioso-administrativa del TSJC justifica la anulación del reglamento en que el gobierno catalán «ha prescindido de los trámites de consulta, audiencia e información públicas expresamente exigidos» a la hora de tramitar este decreto.