Gas Natural vende su filial de gas colombiana por 482 millones tras la expropiación de Electricaribe

Gas Natural Fenosa venderá el 59,1% que tiene en su filial colombiana (Gas Natural ESP) a la multinacional canadiense Brookfield por un total de 482 millones de euros. La compañía que preside Isidro Fainé realiza esta desinversión en medio del conflicto que mantiene con el Gobierno de Juan Manuel Santos por la expropiación de Electricaribe. Este importe supone valorar la totalidad del capital de la empresa colombiana de distribución y comercialización minorista de gas en 1.005 millones de euros.

Según ha informado el grupo español a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)  la transacción tendrá un impacto positivo de 350 millones de euros después de impuestos en las cuentas de 2017.  El beneficio neto atribuible de esta actividad en Colombia asciende a 35 millones de euros al cierre de septiembre, mientras que el resultado bruto de explotación (ebitda), se sitúa en 138 millones de euros.

La empresa colombiana que ha aumentado su número de clientes desde 400.000 hasta casi 3 millones desde que Gas Natural entró en su accionariado en 1997, con una red de distribución que ha pasado de tener 5.000 kilómetros a más de 22.000.

Según señala Gas Natural Fenosa, esta venta se produce por el «alto grado de desarrollo del negocio logrado a lo largo de los últimos 20 años, alcanzando un 90% de penetración comercial», así como por «la contraprestación ofrecida por el comprador y su experiencia en la gestión de infraestructuras energéticas, además de la protección del valor para los accionistas minoritarios».

Inseguridad jurídica en Colombia

Esta operación se produce en medio de un conflicto con el Gobierno de Colombia tras el atropello que ha supuesto la expropiación de Electricaribe, compañía que era filial de Gas Natural Fenosa y que fue intervenida por el Ejecutivo de Santos. Con este tipo de decisiones Colombia se sitúa a la cola de Latinoamérica en lo que a seguridad jurídica se refiere (junto a Venezuela y Bolivia) y arriesga su entrada en la OCDE.

La empresa española ha acudido al arbitraje internacional  ante el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL, en sus siglas en inglés), por el que reclama que “se le devuelva Electricaribe con un marco regulatorio viable y, en su defecto, se le compense por un importe que se cuantificará en el curso del procedimiento, pero que, en base a valoraciones preliminares, superará los 1.000 millones de dólares“.

En Gas Natural Fenosa se asiste a este proceso con la confianza de que el Tribunal  de la ONU le dará la razón en su reclamación. No obstante, el laudo no verá la luz hasta dentro de dos o tres años, que es el tiempo medio que suelen tardar este tipo de procesos en el citado órgano de Naciones Unidas. Mientras tanto el tiempo corre en contra del Gobierno de Colombia.

La empresa que preside Fainé quiere destacar que la venta de la filial gasista «no afecta a su voluntad de mantener un diálogo con las autoridades colombianas para evitar el procedimiento arbitral de protección de inversiones».

En este sentido, Gas Natural Fenosa reitera su llamamiento a las autoridades colombianas para dejar sin efecto la medida de intervención para liquidación acordada en marzo pasado, «para buscar una solución acordada, satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona en beneficio de los clientes, empleados, acreedores y accionistas de Electricaribe».

Más de 1.300 millones de beneficio en 2017

Para el cierre del ejercicio 2017, la compañía presidida por Fainé prevé un beneficio neto en el rango objetivo de entre 1.300 y 1.400 millones de euros. Espera compensar parte del resultado de esta operación con el anticipo en la ejecución del plan de eficiencias en curso, que implicará incurrir en unos «costes de captura» en 2017 de 100 millones de euros después de impuestos.

Esta estimación también tiene en cuenta para su previsión que las ventas de las participaciones en Italia, que generarán aproximadamente 190 millones de euros de beneficio después de impuestos, pueden cerrarse a principios del primer trimestre de 2018 y no en el presente ejercicio.