Garamendi pide que el pacto de rentas incluya a pensionistas y funcionarios

• Andrea Aguado @AguadoRobles
• SANTANDER
• Enviada especial
• Redactora de economía y coordinadora de OKMOTOR. Amante de las cuatro ruedas y la industria. Antes en informativos de Radio Televisión Castilla y León.
• • 20/06/2022 18:36
  • Actualizado: 20/06/2022 19:01

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha pedido que el pacto de rentas incluya también a pensionistas y funcionarios para que los acuerdos en materia de salarios no afecten sólo a los acuerdos que alcanzan los empresarios y los sindicatos. Así, ha solicitado al Gobierno «sentarse y arremangarse entre todos».

Unas declaraciones que ha realizado este lunes durante la primera jornada de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) sobre ‘Sostenibilidad y digitalización: las palancas de la recuperación’ a la que también han asistido la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el rector de la UIMP, Carlos Andradas, y el presidente de BBVA, Carlos Torres.

«Si hablamos de un pacto de rentas hay que sentarse y arremangarse todos. Los partidos políticos también tendrán que hablar de funcionarios y pensiones», ha pedido el empresario vasco. Una postura que se alinea con la del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, con el objetivo de equilibrar el sistema.

El presidente de la patronal considera que «hay que remangarse» y «hablar de todo», y sobre una posible reducción de dividendos cree que bastaría «hacer un cálculo» de la rentabilidad de las acciones de las cotizadas españolas para comprobar que los empresarios ya asumen parte de las pérdidas.

Además, Garamendi ha recordado que la asistencia de los fondos europeos «no puede ser gratis y no podemos hacer políticas populistas con dinero capitalista europeo». «No podemos seguir pensando que esto va a seguir igual», ha avisado.

Por otro lado, el presidente de la patronal ha insistido en la necesidad de aplicar «rigor presupuestario», ya que «la deuda hay que pagarla». En este sentido, ha cuantificado en 60.000 millones de euros el gasto público «superfluo que se podría evitar», sin tocar sanidad o educación pública.