Los funcionarios confían en que el aplazamiento presupuestario no afecte a la oferta pública de empleo
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo de funcionarios, reconoce que existe «incertidumbre» por el aplazamiento presupuestario de 2018, pero al mismo tiempo asegura que existe tiempo y compromiso por parte de las instituciones para evitar que eso afecte a la convocatoria de plazas de empleo público.
El pasado viernes, el Gobierno decidió no aprobar en Consejo de Ministros el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ante la falta de garantías de conseguir apoyos suficientes para sacarlos adelante y por el desafío independentista.
El presidente de CSIF, Miguel Borrás, señala que hay dos partes: «Por un lado, lo vinculado a los Presupuestos de 2017, que firmamos en marzo y que sigue adelante. Tanto la oferta pública de empleo como el proceso extraordinario de Sanidad, Educación y Justicia continúan».
«Lo que sí está en el aire es la oferta pública de empleo de 2018 y el acuerdo que habíamos alcanzado no firmado con Función Pública de ese proceso extraordinario de estabilización y de acabar con el empleo precario lo pudiéramos extender a otros sectores», reconoce Borrás.
El presidente de CSIF explica que aún están en plenas negociaciones: «Estamos pendientes o bien de los Presupuestos de 2018 o bien de negociar con el Gobierno y con algún grupo parlamentario una proposición no de ley para que sea aprobada en el Parlamento. A lo que no afecta es a las 250.000 plazas que se firmaron en marzo y que van vinculadas al 2017».
En ese sentido, fuentes del sector señalan que, en caso de que no se aprueben los Presupuestos Generales de 2018, las convocatorias de plazas públicas saldrán adelante gracias al compromiso tanto de las comunidades autónomas como de Hacienda.
El clima de tensión en Cataluña y la falta de apoyos han provocado que el Ejecutivo haya aplazado ya en dos ocasiones la votación de los PGE de 2018. Desde CSIF confían en que con el paso de las semanas se alcance un acuerdo para sacar adelante las convocatorias a través de una proposición no de ley.
«En el tema de la oferta de empleo público, realmente el aplazamiento le puede afectar menos porque se puede sacar vía proposición o real decreto en el Congreso. Ninguna comunidad autónoma empieza a trabaja las ofertas públicas de empleo el 1 de enero, con lo cual en ese sentido contamos con un poco más de tiempo», concluye Borrás.
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