La Fiscalía apoya la recusación del juez Andreu en la causa por la ampliación del Banco Popular en 2012

• Eduardo Segovia @segoviaeduardo
• Corresponsal de banca y empresas. Doctor y Master en Información Económica. Pasó por El Confidencial y dirigió Bolsamanía. Autor de ‘De los Borbones a los Botines’.
• • 09/01/2024 06:45
  • Actualizado: 09/01/2024 06:45

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido apoyar la recusación del juez Fernando Andreu solicitada por la acusación en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital del Banco Popular de 2012, según un dictamen emitido el 19 de diciembre al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Como informó este medio, el juez Santiago Pedraz decidió archivar esta causa en noviembre, siguiendo el criterio también de la Fiscalía, al considerar que no hubo engaño a los inversores en aquella operación valorada en 2.500 millones de euros. Pedraz tomó esta resolución a pesar de que un informe de dos peritos del Banco de España consideraba que el Popular debería haber entrado en pérdidas en 2011 si hubiera reflejado correctamente su situación en las cuentas.

Los perjudicados por la citada ampliación-que perdieron todo su dinero en la resolución del Popular y su venta al Banco Santander en 2017- recurrieron el archivo decretado por Pedraz y solicitaron la declaración del exgobernador del Banco de España, Luis Linde. Para resolver este recurso, la Audiencia Nacional nombró un tribunal formado por Joaquín Delgado (ponente), el citado Fernando Andreu y María Teresa García Quesada.

Pero se da la circunstancia de que Andreu fue el magistrado que admitió la primera querella tras la resolución del Banco Popular, interpuesta por los inversores que compraron acciones en una segunda ampliación de capital en 2016. Sin embargo, Andreu rechazó las pretensiones de los perjudicados de investigar también la operación de 2012 en tres autos de 2018, antes de dejar el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional para incorporarse a la Sección Segunda. El caso pasó entonces al actual instructor, José Luis Calama.

Los inversores que compraron acciones en 2012 volvieron a la carga en 2022, y esta vez su querella sí fue admitida por Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5. Pero este último juez decidió el 2 de noviembre el sobreseimiento provisional de la causa, como se ha dicho.

Argumento de la Fiscalía

Los afectados consideran que Andreu debería inhibirse precisamente por haber llevado él la instrucción inicial del caso y haber rechazado en su día investigar la ampliación de 2012, lo cual en teoría le predispone a volver a rechazarlo ahora y confirmar así el sobreseimiento de Pedraz. Por eso, solicitaron su recusación. Y ahora la fiscal anticorrupción Belen Dorremochea se suma a esta solicitud.

«El Ministerio Fiscal, atendiendo a la causa número 11 de recusación de las enumeradas en el Art. 219 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece: “11.ª Haber participado en la instrucción de la causa penal o haber resuelto el pleito o causa en anterior instancia”, considera que procede aceptar la recusación propuesta al haber dictado FERNANDO ANDREU MERELLES resoluciones judiciales relacionadas con tales hechos, aunque las mismas no se hayan pronunciado sobre el fondo del asunto», según el citado dictamen.

Si la Audiencia Nacional hace caso a la Fiscalía Anticorrupción, como en las decisiones anteriores en esta causa, deberá aceptar esta recusación solicitada por la acusación y la fiscal, y nombrar un nuevo magistrado que sustituya a Andreu para decidir si se archiva definitivamente esta causa sobre el Banco Popular o si se reabre su instrucción.

Dos ampliaciones: 2012 y 2016

El Banco Popular se vio forzado a hacer una ampliación de capital de 2.500 millones en 2012 tras suspender por sorpresa los test de estrés al sistema financiero español para calcular el importe del rescate concedido por la Unión Europea. Como no fue suficiente, dada la gravedad de sus problemas de solvencia, tuvo que realizar otra por idéntico importe en 2016, que tampoco bastó para salvarlo de la resolución en junio de 2017. Los que compraron en ambas operaciones (y no vendieron las acciones en Bolsa antes de esa fecha) perdieron todo su dinero.

En ambos casos, los afectados acusan al banco y a su entonces presidente, Ángel Ron, de estafa a inversores y falsedad contable. En la causa referida a 2016, Calama tiene pendiente el cierre de la instrucción desde el 29 de abril -fecha en que expiró la última prórroga- y está sufriendo presiones del Gobierno para que incluya al Banco Santander como responsable civil y a la auditora PwC como acusada, como también adelantó OKDIARIO. La de 2012 es la que está archivada provisionalmente por Pedraz y el recurso contra la misma tendrá que ser resuelto por un tribunal en el que no estará Fernando Andreu si se sigue el criterio de la Fiscalía.