Fedea avisa: la reforma de pensiones «condena» al sistema contributivo a un déficit «elevado y creciente»

Fedea ha advertido este lunes de que la reforma de pensiones en curso «condena al componente contributivo del sistema público de pensiones a un déficit básico (antes de transferencias) elevado y rápidamente creciente durante las próximas décadas».

Ello exigirá, en su opinión, «cuantiosas y crecientes aportaciones de recursos generales que podrían dejar poco margen para otras prioridades», según análisis del director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, en el que se cuantifica el impacto de las medidas que se están discutiendo actualmente y se hace un balance provisional de las implicaciones presupuestarias del conjunto de la reforma en curso.

Tras analizar globalmente las reformas de pensiones (las ya aprobadas y la fase final que está negociándose ahora), Fedea calcula que en torno a 2050 se tendría que inyectar cada año a la Seguridad Social recursos extra por valor de unos 4,5 puntos del PIB, lo que supondría en torno al 60% de la recaudación por IRPF, que en 2019 fue del 7,56% del PIB.

De acuerdo con lo anunciado, Fedea señala que las bases máximas de cotización a la Seguridad Social experimentarán un incremento acumulado del 38% en términos reales (tras ajustarlo por la inflación), mientras que las pensiones máximas sufrirán una «cuasi congelación», pues su subida acumulada hasta 2050 será del 3,15%, ambos incrementos medidos a precios constantes.

Fedea expone que las principales medidas adoptadas en la primera fase de la reforma de pensiones (la indexación de las pensiones al IPC y la supresión del factor de sostenibilidad) generarán un «fuerte incremento del gasto en pensiones durante las próximas décadas sin afectar a los ingresos por cotizaciones». De hecho, apunta que, de acuerdo con las estimaciones del propio Gobierno, el incremento del gasto en pensiones y, por tanto, del déficit ordinario del sistema contributivo generado por estas medidas se situará en torno a 3,5 puntos del PIB en 2050.

Fedea señala que, en principio, la segunda parte de la reforma actualmente en discusión con los agentes sociales pero con el aval ya de Podemos y de la Comisión Europea, «debería haber servido para cerrar el grueso de esta brecha, asegurando así la sostenibilidad del sistema de pensiones». En la práctica, sostiene Ángel de la Fuente, las medidas compensatorias adoptadas hasta el momento son «claramente insuficientes». Con el modelo dual de cálculo de la pensión inicial (25 años cotizados o 29 años excluyendo los dos peores) «no sólo se renuncia en la práctica a cualquier ahorro derivado del alargamiento del período de cómputo, sino que se aumentará el gasto», pues sólo optarán por el periodo de cómputo más largo aquellos que con él percibirán una pensión más alta.