La FAES de Aznar advierte de que el número de parados es de 3,4 millones, 500.000 más que los registrados

La Fundación FAES, el think tank que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, se muestra muy crítico con la evolución del mercado laboral a lo largo del año pasado, que es mucho más negativa de lo que aseguran los medios del Gobierno. A su juicio, el ‘paro efectivo’ en el país se sitúa por encima de los 3,4 millones de desempleados frente a los 2,9 millones que recogen las estadísticas oficiales, es decir 500.000 más.  En un artículo del último informe de Faes firmado por Valentín Bote, profesor de Teoría Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, se incide en la polémica sobre los trabajadores fijos discontinuos, que se han disparado desde la contra reforma laboral impulsada por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y que son los responsables de las diferencias entre la España real y la oficial.

La proliferación de contratos fijos discontinuos ha elevado el número de personas que trabajan gracias a ellos. En diciembre de 2021 el número de afiliados a la Seguridad Social que estaban de alta con un contrato fijo discontinuo era de 382 000 personas. Un año después la cifra era de 834 000 afiliados. Un aumento de 452 000 personas. Según el análisis del señor Bote, «la pregunta es obvia: si durante el año se han firmado 2,3 millones de fijos discontinuos, ¿cómo es que el número de afiliados en alta con dicho contrato solo ha aumentado en una quinta parte? La razón puede ser triple: o bien un mismo trabajador ha firmado varios contratos fijos discontinuos con diferentes empresas, o bien muchos contratos firmados se han extinguido o, finalmente, muchos de estos trabajadores se encuentran en los períodos de inactividad asociados a sus contratos fijos discontinuos y están esperando un nuevo llamamiento», asegura.

En su opinión, este último aspecto es especialmente relevante, puesto que es la fuente de la polémica en relación con la opacidad de la información proporcionada en relación con el fuerte crecimiento experimentado por el número de demandantes de empleo que llegan a dicha situación con un contrato fijo discontinuo bajo el brazo. Las estimaciones más conservadoras los sitúan entre 500 000 y 600 000, lo que llevaría la cifra del paro efectivo –una nueva variable que se ha empezado a calcular durante 2022 para reflejar mejor la realidad de las personas que quieren trabajar, no pueden hacerlo y acuden a los servicios públicos de empleo en búsqueda de ayuda– por encima de los 3,4 millones de personas, frente a los 2,9 millones de parados registrados.

La posición de la vicepresidenta Díaz, y la del conjunto del Gobierno al respecto, siempre ha sido la de echar balones fuera y asegurar que la importancia alcanzada por los trabajadores fijos discontinuos no se corresponde con la realidad, y que, adicionalmente, el objeto de la contra reforma era el de ampliar los derechos de este colectivo -cada vez más creciente, según calculan los expertos-. Y en efecto así es, pues los fijos discontinuos tienen derecho al subsidio de paro durante su periodo de inactividad y no se contabilizan como desempleados en los registros oficiales, una cuestión que ha desatado una oleada de protestas por parte de todos los servicios de estudios del país, que se quejan unánimemente de la opacidad de las cifras oficiales e impiden hacer un análisis objetivo de la evolución del mercado laboral.

La apreciación de FAES se aproxima a los cálculos realizados por Fedea, el think tank que financian las grandes empresas del Ibex 35, y de acuerdo con los cuales el paro efectivo -no el paro registrado- está desde finales de 2022 al nivel de las cifras de 2019 «debido al rápido crecimiento del colectivo de demandantes con relación laboral (presumiblemente fijos discontinuos que no están trabajando)». En esta misma línea, la conclusión del análisis de la Fundación de Aznar es que la temporalidad no se ha reducido por una transformación profunda de la actividad económica en España, de lo que habitualmente se denomina el tejido productivo. Las actividades que eran temporales o estacionales en 2021 lo han seguido siendo en 2022. Y el peso de las mismas en el PIB no se ha modificado esencialmente.

Lo sucedido, en su opinión, tiene que ver con la eliminación del contrato temporal por obra y servicio –que suponía un tercio de toda la contratación en España en 2021 y servía, en un día promedio de 2021, para dar soporte legal a la relación laboral de 1,4 millones de personas– y la introducción de mayores restricciones en la figura del contrato temporal por circunstancias de la producción. Descontando el repunte experimentado en la economía sumergida, una parte muy notable de los trabajadores que hasta 2021 eran contratados de manera temporal como consecuencia de la naturaleza de sus actividades han pasado a encajarse en las diferentes modalidades de contratos indefinidos existentes. «Y la consecuencia es evidente: la temporalidad se ha reducido, aunque la actividad desarrollada es la misma. No se ha cambiado la economía ni el mercado de trabajo, sino que se ha vestido con un traje diferente. El cambio referido se ha materializado en un fuerte aumento en 2022 de la contratación indefinida, que ha pasado de 2,1 millones de contratos en 2021 a 7 millones en 2022, con una gran ganancia de protagonismo del contrato fijo discontinuo. Durante 2022 se han firmado 2,3 millones de contratos fijos discontinuos, lo que ha incrementado su cuota entre los indefinidos de un 12 % en 2021 a un 33 % en el año posterior», señala el profesor Bote.