Ex empleados de Alcoa culpan al Gobierno de su deuda millonaria con Industria: «Ellos validaron todas las subvenciones»

Los ex trabajadores de Alcoa no perdonan al Gobierno de Pedro Sánchez su «exceso de confianza» en la empresa por sus «intereses políticos». Tras conocerse la resolución de la Audiencia Nacional que obliga a Alcoa a devolver al Ministerio de Industria un total de 36,6 millones de euros de ayudas compensatorias por los costes de emisiones de CO2 antiguos empleados de la compañía han abierto la caja de Pandora que podría salpicar al Ejecutivo socialista.

«No se trata de afirmar responsabilidades que deban resolver otros ámbitos, sino de subrayar un hecho político evidente: el Gobierno acompañó, validó y defendió determinadas operaciones (subvenciones) en torno a Alcoa que con el tiempo no ofrecieron los resultados prometidos para el empleo ni para la continuidad industrial», aseguran a OKDIARIO con contundencia los ex miembros del grupo.

El Ministerio de Industria resolvió en 2021 que Alcoa debía devolver los importes de estas subvenciones correspondientes a 2017, 2018 y 2019 (más intereses de demora) debido a la comunicación en octubre de 2020 de un despido colectivo, después anulado por la justicia, y por la parada de las cubas en el complejo de San Cibrao, municipio de Cervo (Lugo).

Según el fallo con fecha de 25 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional considera «ajustada a derecho» esa resolución del Gobierno. Sin embargo, los conocedores de la situación subrayan que existió «falta de supervisión» por parte del Ejecutivo o, lo que es peor, «una voluntad de cerrar expedientes políticos antes que asegurar soluciones industriales realmente sostenibles».

Este documento adelantado este jueves por Economía Digital apunta al incumplimiento de las condiciones establecidas para recibir estas ayudas al paralizar Alcoa en su día la actividad productiva y comunicar en octubre de 2020 un despido colectivo.

El TSXG acusa a Alcoa de «mala fe»

El hecho es que Alcoa esgrimía en su demanda contra esa decisión del Ministerio que el ERE que pretendía ejecutar en San Cibrao fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG). Algo que también ratificó después el Supremo, por lo que «la comunicación de la decisión de despido colectivo debía, por tanto, considerarse como no existente».

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluye que «el incumplimiento viene determinado por la comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo, y no por la comunicación individual a cada trabajador».

Además, la AN recuerda la sentencia que publicó el TSXG en la que apuntaba a la «mala fe» de la empresa respecto al número de trabajadores afectados porque buscaba un porcentaje de afectación que le permitiese no tener que devolver ayudas, pero «sin impedirle el cierre de las cubas».

Sobre ello, los trabajadores consultados por este periódico apuntan que «el debate no debería limitarse a si Alcoa incumplió o no las condiciones de unas subvenciones concretas».

Ponen el foco, de hecho, en que «la cuestión de fondo es si durante años se permitió que una misma compañía repitiera en España un esquema de paradas, compromisos aplazados y salidas empresariales sin que existiera un control político verdaderamente eficaz».

Una mala relación con el dinero público

Los ex trabajadores, además, cuentan que «leído en perspectiva», el caso no habla sólo de «un conflicto puntual sobre subvenciones», sino de «una forma repetida de relacionarse con el dinero público y con los compromisos industriales asumidos ante las administraciones».

En este sentido, aseguran que hay una pregunta básica que el Estado debería saber responder y es «por qué, pese a los antecedentes, Alcoa siguió encontrando respaldo político, márgenes de confianza y tiempo institucional para rehacer su discurso en cada fase».

Sobre las malas prácticas de la Administración y la empresa plantean una duda que podría reabrir una causa que permanece aparentemente pausada:

«Si durante años se concedieron ayudas, se avalaron operaciones empresariales y se aceptaron planes de continuidad que no acabaron consolidándose, la cuestión ya no es solo quién falló, sino qué ocurrió realmente con los recursos movilizados en nombre del interés industrial», destacan.

«No es una afirmación cerrada, sino una pregunta legítima: ¿dónde quedaron los fondos y por qué, con tanto apoyo institucional y tantos compromisos anunciados, el resultado final fue una destrucción continuada de capacidad productiva y empleo?», lanzan al aire esperando una respuesta que aclare dónde fue a parar todo el dinero recibido por la empresa durante años.