Escrivá defiende que se suba la edad de jubilación y se amplíe el período de cálculo de las pensiones

• Carlos Ribagorda @CRibagorda
• Periodista de Economía en Okdiario. Nacido en Madrid.
• • 10/01/2020 12:48
  • Actualizado: 17/01/2020 12:44

El nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), organización fiscalizadora de las cuentas públicas creada en la etapa de Gobierno del PP, que se amplíe la edad efectiva de la jubilación a los 67 años -actualmente en 62,5- y se eleve de 25 a 35 años el periodo de cálculo de las pensiones.

Escrivá se ha mostrado favorable a ir más allá de la reforma de las pensiones aprobada por el PP en 2013, de forma que la edad efectiva de jubilación pase de los 62,7 años actuales a los 67 -de forma que se elimine la brecha entre la edad de jubilación y la edad real a la que se jubila los trabajadores- , ya que permitiría corregir «más de la mitad del problema de gasto».

Además, el nuevo ministro del Gobierno de Pedro Sánchez también ha sido partidario de continuar avanzando en el periodo de cálculo de las pensiones hasta que se tenga en cuenta toda la vida laboral, frente a los últimos 25 años que fijó la reforma de 2011, puesto que también permitiría subsanar una «parte importante» del problema. Ha propuesto ampliarla hasta los 35 años.

Deuda de la Seguridad Social

Además, Escrivá ha defendido desde la AIReF que la deuda de la Seguridad Social se pague a través de los Presupuestos Generales del Estado. Según los informes del organismo que presidía hasta ahora, en la actualidad siete puntos de las cotizaciones sociales se van al SEPE para pagar el desempleo y el resto a contingencias comunes, es decir, a la Seguridad Social.

El problema es que el dinero destinado al SEPE se gasta en pagar planes como el PREPARA, que es un política de empleo que debería sufragarse desde el Estado. «Si pasamos tres puntos y medio de cotizaciones del SEPE a la Seguridad Social, el déficit estructural de ésta desaparece y se traspasa al Estado. La ventaja es que el Estado tiene mecanismos para reducir ese déficit, y la Seguridad Social no», señalaba este organismo.