Las clínicas de Vivanta que la SEPI rescató con 40 millones cierran sin avisar a sus clientes y sin devolver el rescate

Pacientes que llegan a su clínica dental y se encuentran las puertas cerradas, citas suspendidas, tratamientos a medias y clientes que habían adelantado dinero o incluso financiado intervenciones que ahora no saben cómo van a continuar. Es la última consecuencia de la crisis de Vivanta, la cadena de clínicas dentales que recibió un rescate de 40 millones de euros públicos a través de la SEPI y que todavía no ha devuelto el principal del dinero prestado por el Estado.

Los dentistas denuncian el cierre o la suspensión repentina de la actividad de numerosos centros de Vivanta y hablan directamente de un «nuevo escándalo» en el sector. Desde el Colegio consideran «inadmisible» que pacientes con tratamientos en curso puedan encontrarse «de un día para otro» en una situación de incertidumbre sanitaria y económica.

La gravedad del caso aumenta porque parte de esos tratamientos habían sido abonados total o parcialmente por adelantado. Otros clientes los financiaron mediante créditos vinculados y ahora se enfrentan a la incertidumbre sobre la continuidad de sus tratamientos.

El caso ha comenzado ya a materializarse sobre el terreno. En Zaragoza, por ejemplo, las dos clínicas Vivanta han cerrado por sorpresa esta misma semana. Los propios trabajadores fueron avisados el martes por correo electrónico del cierre y del inicio de un ERTE.

Los pacientes afectados serán derivados a centros de Vitaldent, según la información trasladada por la compañía. El ERTE afecta a 10 trabajadores en Zaragoza y a 464 empleados en toda España.

El rescate de 40 millones de la SEPI

Detrás del cierre existe, sin embargo, una historia especialmente comprometida para la SEPI. El Gobierno decidió en junio de 2022 rescatar a Aestes Dental, entonces Grupo Vivanta, con 40 millones de euros procedentes del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, el mismo instrumento público utilizado para operaciones como la de Plus Ultra.

El rescate se estructuró mediante dos préstamos: uno participativo de 20,4 millones de euros y otro ordinario de 19,6 millones.

El dinero debía servir para garantizar la viabilidad de una compañía que el Gobierno consideró «estratégica». Cuatro años después, no sólo siguen pendientes los 40 millones de principal, sino que la SEPI ha ido retrasando el momento en el que Vivanta tendrá que devolverlos.

La propia Aestes reconoce en su Portal de Transparencia que en mayo de 2024 se modificaron las condiciones del rescate para agrupar los pagos en un único vencimiento final. Principal e intereses pasaron a tener como fecha de pago el 6 de julio de 2028.

Pero tampoco quedó ahí.

Este mismo año, cuando la situación de Vivanta ya obligaba a actualizar nuevamente su plan de viabilidad, el Gobierno autorizó otra novación de la financiación pública.

El Consejo de Ministros del pasado 21 de abril autorizó al Fondo de Solvencia a flexibilizar nuevamente las condiciones de Aestes. La operación incluyó una recalendarización de la deuda y la conversión parcial del préstamo participativo en ordinario.

El Gobierno justificó entonces la decisión asegurando que permitiría a las compañías afectadas «reestructurar su deuda y recuperar su senda de viabilidad, sin merma de los caudales públicos».

La nueva modificación concedida a Vivanta extendió finalmente el vencimiento de la deuda hasta el 6 de julio de 2032.

Es decir, el Estado concedió 40 millones en 2022, aceptó en 2024 retrasar el pago de principal e intereses hasta 2028 y este mismo año volvió a modificar las condiciones para llevar el vencimiento hasta 2032. Ahora, apenas cinco meses después de aquella autorización del Gobierno para facilitar nuevamente la devolución, numerosos centros de Vivanta han cerrado o suspendido repentinamente su actividad.

Por qué Vivanta era «estratégica»

El rescate acumula además otra polémica que lo ha acompañado durante años: todavía no se han hecho públicos los documentos que explican por qué una cadena de clínicas dentales cumplía las condiciones para ser considerada una empresa «estratégica» para España.

El propio Consejo General de Dentistas lleva tiempo reclamando conocer los criterios objetivos que justificaron que Vivanta recibiera los 40 millones públicos y las razones por las que posteriormente se amplió su calendario de devolución.

La organización recuerda que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictaminó que la SEPI debía entregar los documentos en los que se sustentó la consideración del Grupo Vivanta como empresa estratégica para poder acceder al Fondo de Solvencia.

La situación resulta todavía más llamativa después de que la CNMC haya autorizado esta misma semana la adquisición por parte de Fairy Investments Topco, sociedad vinculada a Donte Group, de activos pertenecientes a Aestes Dental y distintas sociedades del grupo Vivanta.

De este modo, mientras se produce el traspaso de activos y algunos centros cierran sus puertas, permanece viva una deuda pública cuyo vencimiento la SEPI ha permitido trasladar hasta 2032.

La pregunta ya no afecta únicamente a los pacientes. También afecta a los contribuyentes: después de rescatar Vivanta con 40 millones, aplazar dos veces su devolución y permitir que el vencimiento llegue hasta 2032, queda por saber cómo y con qué recursos recuperará ahora la SEPI el dinero público.