Anticorrupción pone el foco en BBVA: pagos, llamadas y trabajos de Villarejo bajo lupa

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 22/03/2026 05:45
  • Actualizado: 22/03/2026 05:45

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la práctica de nuevas diligencias en la investigación sobre los trabajos realizados por la empresa CENYT para BBVA y su entonces presidente, Francisco González, en el marco de una causa que analiza pagos, informes y encargos vinculados a labores de inteligencia y seguimiento. El escrito, fechado el 10 de marzo de 2026, recopila abundante documentación, correos electrónicos y evidencias que apuntalan la necesidad de seguir profundizando en los hechos.

El documento, de más de 180 páginas, reconstruye con detalle las relaciones entre directivos del banco y responsables de la compañía contratada, así como la operativa seguida en distintos proyectos. Entre los elementos analizados figuran facturas, comunicaciones internas y encargos específicos que, según la Fiscalía, deben ser objeto de nuevas comprobaciones para esclarecer su naturaleza y finalidad. Toda esta investigación llega tras la apertura de la pieza separada número 9, abierta desde la cárcel gracias al escrito de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, que sufrió las investigaciones de la entidad y de Villarejo, y que por ellas pasó tres años en prisión antes de que se archivara su caso.

Pagos, facturas y negociaciones

Uno de los puntos clave del escrito es el análisis de los pagos realizados a CENYT por parte del BBVA. La Fiscalía recoge la emisión de una factura inicial por importe de 2,95 millones de euros en concepto de «prima de éxito» vinculada a un contrato de febrero de 2012, que finalmente no llegó a abonarse.

Tras negociaciones entre las partes, el importe fue reducido de forma significativa, culminando en una segunda factura de unos 828.000 euros que sí fue pagada mediante transferencia a finales de julio de ese mismo año.. La autorización del pago fue otorgada por un directivo del BBVA mediante una nota manuscrita, lo que constituye, a juicio del Ministerio Público, un elemento relevante dentro de la investigación.

Además, el documento detalla cómo, tras el abono, continuaron los trabajos contratados, incluyendo informes de seguimiento y comunicaciones constantes entre responsables de ambas entidades. Correos electrónicos intercambiados evidencian la coordinación en el desarrollo de proyectos y la búsqueda de soluciones ante discrepancias en la valoración de activos o resultados.

Obtención de información para BBVA

La Fiscalía también pone el foco en determinadas actuaciones orientadas a la obtención de información sensible. Entre ellas, destaca la solicitud de listados de llamadas telefónicas, incluyendo registros de comunicaciones entrantes y salientes de determinados números vinculados a investigaciones internas.

Según el escrito, responsables del entorno de los proyectos mostraron interés en ampliar estos datos, incluso intentando acceder a información adicional sobre comunicaciones entrantes, lo que refuerza la hipótesis de que los trabajos encargados incluían labores de seguimiento o monitorización.

Asimismo, se documenta la elaboración de informes periódicos por parte de CENYT, así como la recopilación de información sobre organizaciones y personas concretas, incluyendo dosieres, cuentas anuales y documentación judicial relacionada con terceros.

Este conjunto de actuaciones, junto con los correos y archivos intercambiados con BBVA, forma parte del material que la Fiscalía considera necesario analizar en profundidad para determinar si los encargos se ajustaron a la legalidad.

Base documental y nuevas diligencias

El escrito incorpora un volumen masivo de documentación, incluyendo informes policiales, análisis de información bancaria, declaraciones de testigos y material aportado por peritos y despachos externos. También se incluyen dispositivos electrónicos, archivos comprimidos y documentación entregada por distintas partes durante la instrucción.

Entre las diligencias previas ya practicadas figuran intervenciones telefónicas, registros domiciliarios y análisis de dispositivos incautados, lo que evidencia la complejidad y extensión de la investigación.

En este contexto, la Fiscalía solicita nuevas actuaciones para completar el esclarecimiento de los hechos y analizar con mayor detalle las pruebas recabadas, incluyendo la reproducción de audios con medios técnicos adecuados para garantizar su correcta audición.

Petición de archivo

Junto a la solicitud de diligencias, el Ministerio Público también plantea el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto a algunos investigados, al considerar que los hechos podrían haber prescrito en su caso.

En concreto, la Fiscalía solicita el archivo provisional para el exconsejero delegado Ángel Cano y para Joaquín Gortarí, al entender que concurren los requisitos legales para aplicar la prescripción en relación con los delitos investigados.

La causa, que se enmarca en una de las investigaciones más complejas sobre la contratación de servicios de inteligencia por parte de grandes empresas, sigue abierta y pendiente de nuevas decisiones judiciales. La práctica de las diligencias solicitadas será clave para determinar si los hechos descritos derivan en responsabilidades penales o quedan finalmente archivados.