El lobbista de la Generalitat en EEUU burló al Gobierno y siguió trabajando por el ‘procés’
El empresario contratado por la Generalitat para hacer lobby y vender la independencia de Cataluña en Estados Unidos, Jim Courtovich, burló las advertencias del Gobierno del PP y siguió trabajando en Washington a favor del ‘procés’ hasta noviembre.
Así se refleja en el informe de actividad que ha registrado su empresa SGR en el Departamento de Justicia de EEUU el pasado 30 de abril, cumpliendo con su obligación legal de informar al Gobierno de sus actividades de lobby para gobiernos extranjeros.
El ex presidente catalán, Carles Puigdemont, contrató a SGR en agosto pasado a razón de 60.000 dólares por trimestre para vender en Estados Unidos el ‘procès’. Courtovich anunció el acuerdo en un comunicado en el que acusaba al Gobierno español de una “brutal represión policial” durante 1-O.
De acuerdo con el informe presentado a Justicia, Courtovich aceleró su actividad a favor de la independencia de Cataluña tras el referéndum del 1 de octubre. Su actividad llega hasta el 27 de ese mes, fecha en la que se aprobó en el Senado español la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El contrato finalizó, asegura, el 15 de noviembre.
Durante ese mes de octubre, vital para el independentismo por la actuación policial, Courtovich realizó seis reuniones con la Comisión Hensilki y senadores americanos, tres llamadas de teléfono y 83 correos electrónicos con senadores y medios de comunicación como la NBC -imagen del informe con parte de sus actividades a favor del ‘procés’-.
Burló al Gobierno
Los datos del informe demuestran que Courtovich burló las advertencias del Gobierno español y siguió trabajando a favor de la independencia. En efecto, el embajador español en Washington, Pedro Morenés, envió en agosto una carta a este empresario advirtiéndole de que «el Tribunal Constitucional español ha declarado que el referéndum es ilegal».
«Los tribunales españoles han reiterado que el gobierno regional de Cataluña no pueden realizar ninguna actividad ni gastar fondos públicos para promover en España, o fuera de España, la secesión de la región del resto del país», decía la misiva. «Es muy probable que el gobierno catalán haya violado las leyes españolas al contratar sus servicios», insistía Morenés.
El embajador española explicaba en la carta que ya había contactado con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Asuntos Exteriores del Gobierno de Estados Unidos «para compartir nuestras preocupaciones». Nada de esto paró a Courtovich, que no dudó en contactar con senadores americanos para ‘venderles’ el ‘procés’.
Denunciado por estafa
Como publicó este diario, Courtovich afronta una denuncia por estafa de su socio en esta empresa, SGR. Según el escrito de la demanda, su socio -el broker inmobiliario Woodland Drive, con sede en el polémico estado de Delaware- le prestó cuatro millones de dólares para comprar un inmueble y lanzar SGR.
Courtovich debía devolver ese dinero y sus intereses, informar debidamente de la contabilidad de la empresa a su socio y, además, tener el inmueble libre de cargas. Según la denuncia, no solo no hizo nada de esto sino que Courtovich pidió un préstamo personal de 1,3 millones de dólares poniendo como aval la casa.
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