Dudas legales ante la intención de impedir la entrada de dinero extranjero en empresas estratégicas

Una nueva medida económica del Gobierno impulsada esta semana bajo su fórmula favorita, el Real Decreto-Ley que permite tramitar por vía de urgencia, causa dudas en el mercado. En esta ocasión se trata del blindaje preparado por Moncloa para evitar que empresas extranjeras aprovechen la crisis del coronavirus para tomar el control de sociedades españolas. Este modelo genera muchas dudas entre inversores, que quieren ver el desarrollo reglamentario de los últimos cambios legales.

Fue este martes cuando el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-Ley cuyo objetivo era implementar medidas de apoyo a las empresas. Lo que hace este RDL es extener el régimen de autorización previa a los inversores de la Unión Europea (UE) e incluso a compañías españolas controladas por accionistas europeos, como Endesa o Siemens Gamesa, lo que podría colisionar con el derecho comunitario. El Ejecutivo tendría que dar autorización previa a una entrada en el capital.

Circulación de capitales

Tal y como aseguran a Efe desde uno de los grandes despachos de abogados se dedican a asesorar a grandes compañías y fondos de inversión, no es posible limitar la libre circulación de capitales dentro de la UE salvo en casos muy tasados, por ejemplo en cuestiones que afecten a la seguridad nacional.

Pero estos asesoren creen que el Ejecutivo en cualquier caso tiene opciones de evitar una sanción: que la autorización previa solo se exigirá a los inversores europeos hasta el próximo 30 de junio, lo que deja poco margen para abrir un proceso sancionador; que se aplicará a sectores estratégicos, lo que permite apelar a la seguridad nacional; y que otros países, como Italia o Francia, han tomado medidas similares.

Aunque el flanco comunitario es importante, lo que más preocupa a los inversores es la incertidumbre que han generado los últimos cambios legales.

«La seguridad jurídica impone la pronta aprobación del desarrollo reglamentario. Sólo eso permitirá tener certidumbre. Falta precisión», subrayan las fuentes citadas.

El Gobierno ha ido reforzando el blindaje de las empresas españolas desde que estalló la pandemia de coronavirus.

En marzo, el Ejecutivo modificó la Ley 19/2003, que regula los movimientos de capitales y las transacciones económicas con el exterior, mediante la inclusión de un artículo «7 bis» que exigía la autorización previa del Gobierno para determinadas inversiones directas en empresas españolas.

Inicialmente, la medida solo incluía a inversores de fuera de la UE y de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), pero en abril se extendió a sociedades europeas controladas por inversores ajenos al espacio comunitario.

Un blindaje mayor

Finalmente, el pasado martes, el Gobierno amplió el blindaje, de forma temporal, a operaciones protagonizadas por inversores de la UE y la EFTA, e incluso por empresas españolas controladas por accionistas europeos.

Según el real decreto-ley, se entenderá que las empresas están controladas por accionistas no españoles cuando los propietarios últimos posean un porcentaje superior al 25 % del capital o de los derechos de voto.

El blindaje afectará a las inversiones directas en empresas cotizadas en España o en compañías no cotizadas si el importe supera los 500 millones de euros.

Se consideran sociedades cotizadas en España aquellas cuyas acciones están admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español y tienen su domicilio social en el país.

La norma considera inversiones directas aquellas en las que el inversor adquiera una participación igual o superior al 10 % del capital.

Los sectores afectados son, entre otros, tecnologías «críticas» de doble uso (civil y militar), tecnologías clave para la capacitación industrial, telecomunicaciones, robótica, semiconductores, ciberseguridad, tecnologías aeroespacial y de defensa, nanotecnología, biotecnología, materiales avanzados, suministro de energía y medios de comunicación.

Los analistas se muestran comprensivos con estas medidas dadas las circunstancias actuales, aunque esperan que se vuelva a la normalidad lo más rápidamente posible.

«Puede tener sentido por lo peculiar de la situación. No solemos ser favorables a las intervenciones públicas pero es verdad que hay sectores o compañías que podrían ser objeto de una opa extranjera y descapitalizar el país a medio y largo plazo», explica José Lizán, de Solventis.

«Al final, la intervención pública en los mercados y en los intereses económicos a medio y largo plazo suele ser más perjudicial que beneficiosa», añade.

Darío García, de XTB, prevé que los blindajes se levanten cuando se supere la pandemia y «todo vuelva a la normalidad», primero los que afectan a los países miembros de la UE y, más adelante, el resto.

El valor en bolsa de algunas empresas se ha desplomado desde que se declaró la pandemia, lo que facilita eventuales operaciones corporativas.

El grupo de transporte aéreo IAG ha caído un 63 % en lo que va de año; Banco Sabadell, un 59 %; Telefónica, un 45 %; Repsol, un 41 %; y la hotelera Meliá, un 40 %.

Sin embargo, la situación no es igual en todos los ámbitos. En los sectores bancario y de telecomunicaciones ya se están viendo movimientos, mientras que en el energético los analistas no contemplan operaciones de concentración entre petroleras por los bajos precios del crudo y porque están centradas en crecer en el segmento de las renovables.