La defensa del BBVA en el ‘caso Villarejo’ entra en barrena y pone en peligro la presidencia de Carlos Torres
Carlos Torres al borde de declarar por el caso Villarejo tras no testificar la directora jurídica de BBVA
La Fiscalía señala que el presidente de BBVA conocía la relación con Villarejo y contempla su declaración
El espionaje de un policía a un periodista de OKDIARIO tumba la defensa de BBVA en el caso Villarejo
La estrategia de defensa del BBVA desde que estalló el escándalo de la contratación del ex comisario José Villarejo ha sido criticada por parte de numerosos profesionales del derecho, incluyendo la Fiscalía Anticorrupción y el propio juez instructor, Manuel García-Castellón. Pero los últimos acontecimientos han hecho que esta estrategia entre en barrena y que el caso salpique incluso al presidente Carlos Torres, que puede jugarse su continuidad en el puesto.
Esta estrategia ha consistido, primero, en negar todo conocimiento de los hechos por parte de la cúpula del banco y buscar dos chivos expiatorios: el ex director de seguridad, Julio Corrochano, y el ex director de riesgos, Antonio Béjar, a los que se señala como únicos responsables que actuaron por su cuenta y riesgo. Algo que ya chirrió cuando Francisco González tuvo que dimitir como presidente para ceder el testigo a Torres, aunque formalmente se justificara para no perjudicar la reputación del banco.
En segundo lugar, la estrategia ha buscado entorpecer todo lo posible la investigación mediante el famoso forensic encargado a PwC y dirigido por Garrigues. Como muestra de esta actitud, este análisis no analizó los correos del propio Torres ni de su hombre de confianza, Ricardo Forcano. Además, los resultados enviados a la Audiencia Nacional aseguraban que no se había encontrado ningún indicio de ninguna actividad delictiva.
Y eso sí que ha caído por su peso cuando en este forensic han aparecido documentos que prueban el espionaje a varios periodistas, entre ellos un redactor de OKDIARIO cuando trabajaba en El Confidencial. Es decir, sí que hay pruebas de delitos. Y eso ha aparecido simplemente en una cala del 5% de los documentos del forensic, lo que hace pensar que tiene que haber muchas más evidencias en el 95% restante.
Los abogados del BBVA, de Garrigues y Uría, han sostenido, además, que los informes que les entregaba Villarejo no tenían apenas relevancia. Sí parece tener cierta relevancia el espionaje a periodistas. Y se entiende mal que el banco pagara más de 10 millones a Villarejo a lo largo de 13 años (entre 2004 y 2017), según el propio auto por el que el magistrado levantó el secreto de sumario en 2020, por unos informes que no le aportaban nada.
Otro de sus argumentos es que el banco desconocía que Villarejo y sus socios en la empresa Cenyt eran policías en activo, sino que pensaban que estaba retirado. En el caso del espionaje al periodista de OKDIARIO, el informe fue remitido por el comisario Enrique García Castaño, alias ‘el Gordo’, desde una dirección de la propia Policía Nacional.
La cuestión Arribas
Pero lo ocurrido esta semana va todavía más allá y supone la entrada en barrena de esta estrategia. Este viernes estaba citada la directora jurídica de la entidad, María Jesús Arribas, que según el citado Béjar «lo sabe todo». Ya se intentó que declarase en 2021, pero el banco lo recurrió con éxito. Esta vez también lo ha recurrido, pero se ha encontrado con una respuesta de la Fiscalía que sostiene que Arribas y Torres tenían un «alto grado de conocimiento» de la relación con Villarejo y que, si la primera se negaba a testificar, debe hacerlo Torres.
Y, efectivamente, Arribas se negó a declarar este viernes acogiéndose al secreto profesional y amparándose en una consulta al Colegio de Abogados. En consecuencia, la Fiscalía pedirá que declare Torres. Aunque lo hará como testigo, no es en absoluto descartable que el magistrado, a raíz de su testimonio, decida imputarle. Y eso sí sería la bomba nuclear, porque estar imputado en una causa penal supone un incumplimiento de las normas de honorabilidad que el BCE exige a las entidades que supervisa, lo cual le obligaría a dimitir.
¿Por qué el BBVA prefiere correr este riesgo a que declare Arribas? La respuesta es que, al declarar como testigo, la directora jurídica está obligada a decir la verdad -y se arriesga a cometer falso testimonio si no lo hace-. Por tanto, si es verdad que lo sabe todo como sostiene Béjar, tendría que contarlo. Y eso podría implicar directamente a Torres, que entonces sí que tendría difícil librarse de la imputación. Entre un mal cierto y otro sólo probable, el presidente del BBVA habría elegido el segundo.
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