Funcionarios denuncian una convocatoria ilegal de Óscar López para colocar a cientos de afines del PSOE

• Alba Martín @alba_mrtn
• • 08/05/2026 05:45
  • Actualizado: 08/05/2026 05:45

El Gobierno de Pedro Sánchez ha publicado una convocatoria de empleo público que vulnera el principio constitucional de igualdad en el acceso a la función pública. Según han denunciado múltiples fuentes de la Administración General del Estado consultadas por OKDIARIO se trata de «una criba ilegal» de funcionarios impulsada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública que dirige Óscar López.

Las voces conocedoras de la situación advierten de que el proceso permitiría convertir en funcionarios de carrera a cientos de empleados laborales a través de un sistema «fraudulento» que rebaja drásticamente los requisitos de acceso.

«Se están dejando plazas sin cubrir para justificar la necesidad de cubrir las plazas con los amiguitos de Podemos y PSOE», asegura una fuente con conocimiento directo del proceso, que prefiere mantener el anonimato por temor a represalias. «Es una estrategia fraudulenta para llenar la Administración de amiguetes», añade otra fuente consultada.

La polémica se centra principalmente en dos convocatorias que fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) con apenas once días de diferencia.

El 18 de diciembre se publicó una oferta de promoción interna para funcionarios de carrera que ya forman parte de la Administración, con requisitos exigentes: 83 temas, idioma obligatorio y eliminatorio, y un cuestionario de 100 preguntas con penalización por error. Sin embargo, el 29 de diciembre apareció otra convocatoria dirigida al personal laboral fijo del grupo 1G que reduce los requisitos a 16 temas, un test de 80 preguntas sin penalización por error, e idioma voluntario y no eliminatorio.

«El personal laboral fijo del grupo 1G tiene acceso a dos convocatorias y el resto sólo a una. Se vulnera el principio de igualdad», explica una de las fuentes. «Se trata de un hecho palmario, no es interpretable y es contrario a derecho», subraya.

«Causa estupor entre los funcionarios públicos comprobar cómo se permite el acceso a personal laboral a través de una convocatoria que no exige requisito alguno de antigüedad», afirman en conversación con este periódico.

Destacan, además, que estos afortunados cobrarán salarios mucho más elevados tras «asumir las más altas responsabilidades como altos directivos de la Administración General del Estado». Todo ello gracias a «la superación de un examen tipo test».

Maniobras que vulneran la Constitución

El proceso de reconversión de personal laboral a funcionario de carrera contraviene el artículo 9 del TREBEP (Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público), que establece que las funciones de carácter estructural y de participación directa en el ejercicio de potestades públicas corresponden exclusivamente a funcionarios de carrera.

«Si van a reconvertir su puesto es porque en este momento hay personal laboral que está asumiendo funciones de funcionarios, lo cual es ilegal», explica una fuente. Más grave aún, según los afectados, es la vulneración del artículo 23.2 de la Constitución Española, que garantiza el acceso a un empleo público en condiciones de igualdad.

«Se está cercenando el derecho a promoción interna de funcionarios de carrera que ya han superado un proceso y que están ocupando puestos de nivel A1 como nivel 26», denuncia otra fuente.

Las fuentes consultadas señalan directamente a Consuelo Sánchez Naranjo, nueva secretaria de Estado de Función Pública, como responsable de estas irregularidades. Cabe recordar que Naranjo fue anteriormente subsecretaria del Ministerio de Sanidad, donde según las fuentes fue imputada por irregularidades en la formalización de contratos que podían constituir indicios de prevaricación administrativa.

Los sindicatos, acusados de cómplices

Los funcionarios afectados denuncian que los sindicatos no están defendiendo sus intereses. «Los sindicatos no hacen nada, no nos escuchan porque se han vendido a Óscar López a cambio de subir el sueldo a los funcionarios y ocupar a sus amigos», afirma con dureza una de las fuentes consultadas.

La estrategia del Gobierno, según estas fuentes, responde a la presión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha exigido regularizar la situación del personal laboral que ocupa puestos estructurales. Sin embargo, la forma de hacerlo vulnera múltiples normativas.

«Quieren poner todas las facilidades para el personal laboral, que ahora está ilegalmente porque está asumiendo funciones de funcionarios de carrera. Se lo van a regalar», asegura una fuente.

Asimismo, apuntan que determinados requisitos de calidad «han sido imprescindibles siempre para el acceso a puestos de alto nivel en la Administración Pública», ya que implica asumir funciones de alta responsabilidad.

Por lo tanto, esta actuación por parte del Ejecutivo de Sánchez, en este caso encabezado por López, estaría «restando la profesionalidad que siempre se venía exigiendo a los empleados públicos» con tal de aupar a los más altos puestos a funcionarios afines a su ideología.

«Este menoscabo en el nivel de exigencia supone un grave perjuicio para toda la ciudadanía y, en definitiva, pone en peligro el interés general, pese a ser este el fin último que ha de prevalecer en el ejercicio de funciones de todo empleado público en cualquier estado democrático que se precie», finalizan.