El Consejo de Estado tumba el registro horario digital de Yolanda Díaz por ilegal y costoso

• Jose de la Morena @josedelamorena
• Jose de la Morena, periodista especializado en economía desde hace más de 15 años, desarrolla su labor en el campo de la comunicación desde el prisma de las tendencias, los números y resultados de las distintas compañías. Una tarea que le ha llevado a conocer a fondo el mundo empresarial. Ha trabajado también en comunicación corporativa y como asesor para distintas marcas internacionales e institucionales.
• • 24/03/2026 13:06
  • Actualizado: 24/03/2026 13:10

El plan del ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz para imponer un registro horario digital obligatorio a todas las empresas españolas ha recibido un serio revés. El Consejo de Estado ha concluido que la norma, tal y como está planteada, no debe aprobarse y recomienda al Gobierno rehacerla por completo, cuestionando tanto su legalidad como su impacto económico.

El dictamen, de más de un centenar de páginas, es especialmente duro con el proyecto impulsado por el departamento de Yolanda Díaz. El órgano consultivo advierte de fallos de fondo en la tramitación, en la cobertura legal y en las consecuencias económicas, hasta el punto de considerar que la norma no puede salir adelante en su forma actual.

Falta de cobertura legal

Uno de los principales reproches del Consejo de Estado se centra en la forma en la que el Gobierno ha intentado sacar adelante el decreto. En concreto, cuestiona que se haya utilizado la vía de urgencia sin una justificación sólida para ello, pese a que la medida afectaría a más de 1,3 millones de empresas en toda España.

El órgano considera que una reforma de este calado requiere un proceso más amplio de análisis y debate. No se trata, subraya, de un ajuste técnico menor, sino de la implantación de un sistema único de control horario digital para todo el tejido empresarial, lo que exige mayor rigor en su tramitación.

Pero la crítica más contundente apunta a la base jurídica de la norma. El Consejo de Estado sostiene que el Ejecutivo está utilizando un reglamento para introducir obligaciones nuevas que no están contempladas en la legislación vigente. En otras palabras, considera que el decreto va más allá de desarrollar la ley y entra en el terreno de modificarla, algo que no puede hacerse por esta vía.

Desde el punto de vista técnico-jurídico, esto supone un exceso en el uso de la potestad reglamentaria. La imposición de un sistema digital obligatorio para controlar la jornada laboral no se limita a complementar la normativa actual, sino que introduce nuevas cargas tanto para empresas como para trabajadores, lo que exigiría una ley específica aprobada en el Parlamento.

Un impacto millonario para las pymes

Más allá de las dudas legales, el Consejo de Estado pone el foco en el coste económico de la medida, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Frente a la memoria económica del ministerio, que minimiza el impacto, el dictamen concluye que la implantación del sistema supondría un gasto cercano a los 867 millones de euros.

El cálculo parte del coste estimado por trabajador, que rondaría los 55 euros anuales, aplicado a la mayoría de empleados en pymes, que representan más del 94% del total. Sin embargo, el propio Consejo advierte de que esta cifra podría quedarse corta, ya que no incluye otros factores como la implantación tecnológica, la formación del personal o el mantenimiento de los sistemas.

El órgano también cuestiona que el impacto real no haya sido evaluado de forma adecuada en la memoria de impacto normativo, lo que supone un defecto relevante en la tramitación de la norma.

A ello se suma un problema técnico: la viabilidad de que los sistemas digitales puedan gestionar en tiempo real el volumen de datos generado y facilitar su acceso inmediato a la Inspección de Trabajo. El Consejo de Estado duda de que esta exigencia sea realista en la práctica.

Protección de datos y rechazo sindical

El proyecto tampoco supera el filtro de la Agencia Española de Protección de Datos, que ha emitido un informe desfavorable. El organismo considera que no se cumplen los requisitos legales en materia de tratamiento de datos personales, especialmente en lo relativo al acceso de terceros a la información del registro horario.

Entre las carencias detectadas figuran la ausencia de un análisis de riesgos, la falta de una evaluación de impacto en protección de datos y la indefinición de aspectos clave como los tipos de datos tratados, los plazos de conservación o las condiciones de acceso. Todo ello impide, a juicio de la Agencia, garantizar que se respete la normativa vigente.

Pese a este varapalo institucional, los sindicatos han reaccionado en sentido contrario. CCOO y UGT han mostrado su rechazo al dictamen, al considerar que introduce obstáculos en un ámbito donde, a su juicio, es urgente actuar.

Ambas organizaciones sostienen que el fraude en el control del tiempo de trabajo está ampliamente extendido y denuncian que supone un perjuicio tanto para los trabajadores como para las arcas públicas. En este contexto, defienden la necesidad de reforzar los mecanismos de control, aunque el proyecto del Gobierno tenga que ser revisado.