La UE se pone seria y aprieta a los Gobiernos europeos: deberán bajar los impuestos de la luz al mínimo

Golpe de autoridad de Bruselas para frenar la sangría del recibo eléctrico. La Comisión Europea ha presentado un ambicioso paquete de medidas que insta a los Estados miembros, incluido España, a recortar el IVA y los impuestos especiales de la luz hasta el mínimo legal.

La orden es clara: la electricidad no puede seguir siendo la «caja fuerte» de los Gobiernos mientras la guerra en Irán dispara la incertidumbre energética en todo el continente.

Un ahorro directo de 200 euros al año

La Comisión Europea no se ha quedado en las buenas intenciones. Según sus propios cálculos, si los Gobiernos aplican esta rebaja fiscal al mínimo permitido, el recibo de la luz caerá un 14% de forma inmediata. Esto se traduce en un respiro de unos 200 euros anuales para el bolsillo de cada hogar europeo.

Desde Bruselas recuerdan que los impuestos y recargos suponen actualmente una cuarta parte del precio final que pagamos. Por ello, el Ejecutivo comunitario pide aprovechar la flexibilidad de la normativa europea para aplicar incluso tipos cero o exenciones a los consumidores más vulnerables y a los sectores más castigados por la crisis.

Inversión histórica en nuclear y renovables

El plan, denominado Citizens Energy Package, no solo mira al corto plazo. Para acabar con la dependencia de los combustibles fósiles y la inestabilidad exterior, la UE propone una inversión milmillonaria:

• 691.000 millones de euros destinados a energías renovables y mejora de redes.
• 240.000 millones de euros para el impulso de la energía nuclear.

El objetivo es que la electricidad deje de ser uno de los bienes más gravados del sistema. «Si queremos electrificar la economía, la luz tiene que ser barata», sentencian desde la capital comunitaria, lanzando un dardo directo a la recaudación extraordinaria que los Estados han obtenido este último año.

Más poder para el ciudadano: cambios de compañía en 24 horas

Además de la bajada de impuestos, Bruselas quiere que el consumidor deje de estar «atado» a las eléctricas. Entre las nuevas normas destaca la obligación de que cualquier ciudadano pueda cambiar de comercializadora en apenas 24 horas.

Asimismo, las empresas estarán obligadas a informar periódicamente a sus clientes de cuál es la tarifa más barata disponible según su perfil de consumo. Solo con esta mayor transparencia y la capacidad de elección, la Comisión estima que los hogares podrían sumar otros 152 euros de ahorro extra al año.