Los ex consejeros de Banco Popular han perdido casi un millón de euros con la intervención

Los consejeros de Banco Popular antes de la intervención de las autoridades europeas tenían casi un millón de euros en acciones cuando se produjo la venta al Banco Santander y los títulos pasaron a no vales nada. El Mecanismo Único de Resolución establece que en los rescates financieros son los accionistas y bonistas de deuda subordinada los lo pierden todo y esto afecta también a los miembros del consejo de administración de la entidad intervenida.

Del total de trece consejeros con los que contaba la entidad con anterioridad a su resolución y posterior venta a Banco Santander, ocho eran titulares de acciones de la entidad, según los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Los otros cinco consejeros, que no habían adquirido títulos del banco, son los últimos que se incorporaron al consejo de administración. Concretamente, se trata del presidente, Emilio Saracho; el consejero delegado, Ignacio Sánchez-Asiaín; el vicepresidente primero, Antonio González-Adalid García-Zozaya; y los vocales Carlos Alfonso González Fernández y José Barreiro Hernández.

Los ahora ex consejeros que sí contaban con acciones de la entidad sumaban en total algo más de 406 millones de títulos que, tomando como referencia la última cotización de la entidad, tenían un valor de 128,7 millones de euros.

No obstante, la mayor parte de las acciones, unas 402,9 millones, correspondían a la Sindicatura de Accionistas de Banco Popular, que disponía de un 9,6% del capital y era el principal accionista del banco. Sin tener en cuenta la Sindicatura, los ex consejeros disponían de unas 3,13 millones de acciones, valoradas en 993.468 euros antes de la resolución.

Entre los ex consejeros con mayor número de acciones se sitúa Helena Revoredo, vocal del consejo, que disponía de un 0,062% indirecto del capital total del banco a través de la compañía Gubel, de la que controla el 56%.

Por detrás, el ex vicepresidente segundo José María Arias contaba con 237.321 acciones (0,006% del capital); los vocales Jaime Ruiz, con 170.852 títulos (0,004%), Vitalino Nafría, con 50.000 acciones (0,001%), y José Ramón Estévez, con 45.718 títulos (0,001%), así como Reyes Calderón, vocal y consejera coordinadora, con 7.146 acciones, siempre según los registros del supervisor.

Algunos de estos ex consejeros habían acudido a la ampliación de capital que el banco lanzó en mayo de 2016, cuando suscribieron en conjunto un mínimo de 329.056 acciones, según consta en los registros de la CNMV. La ampliación se lanzó a un precio de 1,25 euros por acción.

Además de esta pérdida económica, los antiguos miembros del consejo de administración de la entidad podrían tener que hacer frente a cuantiosas indemnizaciones si prospera alguna de las demandas interpuestas por asociaciones de accionistas minoritarios tras la nefasta gestión del equipo directivo liderado, primero por Ángel Ron, y luego por Emilio Saracho.

De hecho casi 400 ex accionistas minoritarios del Banco Popular han presentado una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra el anterior consejo de administración de Banco Popular liderado por Emilio Saracho y que ayer fue cesado tras la compra realizada por Banco Santander. Los demandantes están agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

Por su parte, Félix Revuelta, presidente ejecutivo del Grupo Naturhouse, era uno de los grandes accionistas de Banco Popular y ha perdido alrededor de 45 millones de euros. “No me preocupa el perder o ganar, lo que me preocupa es la forma de perderlos, no puede ser que de la noche a la mañana el banco esté en quiebra”, asegura en declaraciones a OKDIARIO.

El empresario duda del desenlace que tendrá la situación actual, “no sé si va a tener arreglo, la verdad, pero sí le aseguro que buscaremos abogados y estudiaremos acciones legales contra el consejo para pedir responsabilidades”. Además, declara que los controles a los que el Popular ha sido sometido durante los años de crisis “no han sido los correctos, las auditorías han fallado y los órganos reguladores también”.