Los conflictos no suben pasajeros al taxi

El servicio de taxi ha sido uno de los sectores más afectados por los efectos de la pandemia y las restricciones a la movilidad, pese a haber sido declarado esencial durante el estado de alarma. Informes de los técnicos de la Comunidad de Madrid, la Junta de Andalucía o la Generalidad de Cataluña adveran un desplome de la demanda de taxis en torno al 80% durante el confinamiento.

Durante el periodo de restricción de derechos fundamentales, las administraciones han contado con herramientas jurídicas para limitar la oferta diaria de taxis en las principales ciudades de España. Desde el pasado día 21 de junio, en que se puso fin al estado de alarma, la situación de la demanda no ha mejorado sustancialmente, mientras que algunos ayuntamientos se encuentran sin las herramientas de ordenación necesarias para hacer frente a la baja demanda de los usuarios.

Sin atisbo de recuperación de actividades generadoras de pasajeros como los eventos, el ocio nocturno o el turismo internacional, se suma además una grave situación de crisis económica, con caídas nunca vistas de la actividad económica y un extraordinario repunte de los niveles de desempleo.

La demanda del taxi está bajo mínimos. Las zonas turísticas están hundidas con en torno al 15% de la demanda habitual

Medidas como la reducción de las cotizaciones sociales son insuficientes si no van aparejadas a otras en el ámbito fiscal, mientras que la prolongación hasta octubre de prestaciones como la de cese de actividad de los trabajadores autónomos y los ERTEs han sido oportunas para que no se produjesen mayores pérdidas económicas o la extinción de casi 30.000 empleos de conductores de taxi (p.ej. el 48,11% de los profesionales que prestan el servicio en Madrid son conductores asalariados), pero volverán a ser necesarias en otoño -salvo milagros-, aunque sea con menor intensidad.

La demanda del taxi está bajo mínimos. Las zonas turísticas están hundidas con porcentajes en torno al 15% de la demanda habitual para estas fechas. Las grandes capitales tampoco afrontan una situación mucho mejor, y no recuperan sus expectativas de demanda. Por ejemplo, en Madrid durante el confinamiento solo un 5,7% de los usuarios que han requerido movilidad optó por el taxi según un reciente estudio de SIGMADOS, y tras el estado de alarma apenas se ha incrementado, según fuentes del sector, estando en porcentajes en torno al 40% de las cifras habituales de facturación en estas épocas del año.

La crisis sanitaria ha acelerado el uso de la precontratación del servicio, y la cuarta parte de los taxistas que no disponen de emisora tiene enormes dificultades para obtener servicios

Pese a que el taxi ha jugado un papel muy relevante, prestando servicios gratuitos para el personal sanitario, sumándose a todas aquellas iniciativas solidarias en las que su concurso aportaba valor y, sobre todo, garantizando la movilidad de los ciudadanos que en esas circunstancias necesitaban desplazarse, y de la buena percepción del servicio como de bajo riesgo de contagio al covid 19, la situación actual de la actividad tras el estado de alarma apenas ha mejorado. Asciende el uso del vehículo privado y otras modalidades como la bicicleta o motos compartidas, etc., mientras el transporte colectivo tampoco remonta.

Además, la crisis sanitaria ha acelerado el uso de la precontratación del servicio, y la cuarta parte de los taxistas que no disponen de emisora o no colaboran con una plataforma digital, tienen enormes dificultades para obtener servicios en circulación y en unas paradas atestadas de taxis y sin usuarios, lo que genera una peor distribución de la demanda entre el colectivo y produce una mayor sensación de escasez.

En resumen, el sector está inmerso en una profunda crisis de demanda que, pese a las ayudas, le hará cerrar el año por debajo de la mitad de los ingresos habituales. Las licencias pierden valor y muchos profesionales que se encuentran endeudados van a tener graves problemas para mantener la actividad. La cruda realidad es que cuando la movilidad se encontraba en una burbuja, el virus la ha pinchado y se auguran años duros para el sector. Todo ello agravado por la existencia de otra oferta de transporte público en vehículos turismo cuyas tarifas no están sujetas a las restricciones que encorsetan al taxi y que podrán ofrecer descuentos y precios más ajustados, una situación que coloca al taxi en una posición de desventaja competitiva.

La primera reacción de algunos dirigentes sectoriales es volver por los consabidos fueros del conflicto y exigir restricciones en la oferta para el “reparto igualitario de la miseria”. Esto, aunque no deja de ser comprensible ante la desesperación de quien ve como su recaudación diaria no cubre sus expectativas, no puede solucionar una crisis de demanda, porque, además de colisionar con el derecho al trabajo de otros (tanto de autónomos como asalariados), el político de turno al que se le “plantan” los coches en la puerta, no tiene una varita mágica para incrementar el número de usuarios en un país que este año perderá, entre otras cosas, más de 70 millones de turistas y un 15% del PIB.

Politizar la sensación de malestar y incertidumbre de muchos a conveniencia de las inclinaciones de algunos de los convocantes tampoco va a solucionar el problema de la mayoría, pues viven de su taxi y no de hacer política. Esto tampoco justifica que nuestros políticos jueguen al escapismo en este asunto y no deben hacerse trampas al solitario.

Modernizacion

La situación reclama una acción decida de la Administración para acometer su modernización, y la apuesta por la tecnología y la sostenibilidad, garantizando el futuro de un servicio esencial para la movilidad. El sector del taxi viene necesitando reformas desde antes de la crisis del COVID-19, ahora ya es una cuestión de supervivencia. En un contexto como el actual, con una recesión económica sin precedentes, el taxi necesita disponer de la capacidad para ofrecer precios cerrados y mayor flexibilidad en sus tarifas, que le permitan adecuarse a las condiciones de la oferta en determinados periodos temporales, atraer demanda, fidelizarla y profundizar en la competitividad de su servicio público.

Mientras se ponen en marcha dichas reformas, para paliar esta crisis se puede apoyar coyunturalmente al taxi aportándole por las administraciones servicios a un precio asequible y subvencionado como complemento del transporte público colectivo en trayectos prioritarios y nodos de comunicación, contribuyendo a aliviar la pérdida de capacidad en plazas de otros modos, así como impulsar la recuperación de la actividad y el empleo.

También para reducir la congestión y la polución por el mayor uso del transporte privado, el taxi puede convertirse en un aliado inmediato para paliar dichos efectos, ofreciendo una alternativa que facilite la movilidad en coordinación con las políticas de sostenibilidad y restricción del tráfico de las autoridades locales, impulsando unas tarifas fijas reducidas en zonas de bajas emisiones por el uso de vehículos taxi con etiqueta CERO o ECO, que activen la demanda.

En definitiva, los taxistas han de perseguir incrementar la demanda, no el conflicto.