Competencia pone a Renfe la multa más alta de la historia: 65 millones de euros

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto a Renfe una multa de 65 millones de euros por poner trabas a sus competidores en tráfico de mercancías en tren. Una «infracción» con la que «obstaculizó» el proceso de liberalización de este mercado que España inició en 2005 y provocó el consiguiente encarecimiento de los productos que se transportan por ferrocarril.

Se trata de la mayor multa que el organismo regulador ha puesto a una sola empresa, y también la primera que dicta por obstaculizar la liberalización de un mercado. En su resolución, la CNMC pone además una sanción de 10,5 millones de euros a Deutsche Bahn y a un grupo de empresas filiales de esta operadora pública alemana por ser partícipe de esta obstrucción a la competencia en España alcanzando distintos acuerdos con Renfe.

En concreto, esta segunda sanción ha recaído en las empresas del grupo alemán Transfesa Rail, Pool Ibérico Ferroviario, Hispanauto, Semat, Deutsche Bahn Ibérica Holding, DB Mobility Logistics y DB
Schenker Rail Deutschland.

El organismo que preside José María Marín Quemada considera «acreditado» que Renfe, con la colaboración de estas empresas, ha cometido infracciones «continuadas» de la Ley de Defensa de la Competencia española y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Renfe y su homóloga alemana Deutsche Bahn son dos de los principales operadores ferroviarios europeos. En el mercado español constituyen el primer y segundo operador de transporte de mercancías en tren, respectivamente, y conjuntamente copan el 80% de este mercado, pese a que se abrió a la competencia en 2005.

En algunos sectores, como es el transporte de vehículos o el siderúrgico, las dos empresas acaparan el 100% del mercado.

Alianzas para restringir la competencia

La CNMC estima probado que ambos grupos ferroviarios públicos, a través de empresas filiales, «que teóricamente tenían que competir entre sí», han establecido distintas alianzas para restringir aún más la competencia y mantener su ‘status quo’.

El regulador señala que suscribieron este tipo de pactos en el alquiler de locomotoras y de campas (zonas donde se almacenan los vehículos para su posterior carga en los trenes de mercancías) o en otros elementos y actividades imprescindibles para este tipo de transporte.

Se dio incluso la circunstancia de que aunque Trasnfesa, filial de Deustche Bahn, es la única empresa competidora de Renfe Mercancías con locomotoras propias, las «subarrendó a la propia Renfe, de forma que esta empresa se mantenía como única compañía con capacidad de tracción propia en el mercado español».

De su lado, Deutsche Bahn (DB) no empleaba sus propias locomotoras para transportar mercancías con origen o destino España, sino que las cedió a la operadora española a pesar de que ya tenía «locomotoras propias más que suficientes para cubrir sus necesidades».

Abuso de posición de mercado de Renfe

Además de estos pactos, la CNMC ha probado asimismo un comportamiento de «abuso de posición de mercado» por parte de Renfe, al «discriminar comercialmente» a competidores privados, «particularmente a los miembros de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP)».

La operadora pública ofrecía a estos operadores condiciones distintas de las que acordaba con las empresas de Deustche Bahn. Además, no penalizaba a Grupo Transfesa en el caso de que le anulase servicios contratados para el transporte de mercancías, multas que sí imponía a otras compañías ferroviarias.

España abrió la Competencia en 2005

España abrió a la Competencia el transporte en tren en España en enero de 2005. En estos dos lustros, los operadores privados que entraron en este mercado, entre los que destaca algunas constructoras, se han hecho con una cuota 29,5%, según un reciente estudio de la CNMC.

El 70% lo sigue ostentando Renfe, a pesar de que su negocio mentiene una tendendia decreciente desde hace años y es el único en pérdidas de la compañía ferroviaria, que recientemente comenzó a negociar con los sindicatos un ajuste de unos 150 trabajadores mediante recolocaciones y bajas incentivadas.