Colau reduce un 14% las ayudas destinadas a pobreza energética en el último año

Alberto Fernández, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, ha asegurado que la alcaldesa Ada Colau ha reducido las ayudas destinadas a la pobreza energética en el último año. Además, señala que “el gobierno municipal ha rebajado un 14% el importe de las ayudas municipales destinadas a evitar cortes de suministros básicos energéticos a aquellas familias que no pueden hacer frente a los recibos”.

El popular ha lamentado que “Colau actúe de manera populista explicando la necesidad de luchar contra la pobreza energética mientras va reduciendo tanto el número de ayudas otorgadas como el importe destinado a las mismas”.

Por otro lado, Fernández ha explicado que “Colau, como presidenta del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), tampoco demuestra su compromiso con los más desfavorecidos, invirtiendo solo el 10% de los 1,5 millones de euros presupuestados para paliar la pobreza energética”.

Finalmente, el mandatario popular ha denunciado que “una vez más se impone la política de gestos de Ada Colau, más preocupada de su propia promoción personal que de velar para que los presupuestos, y las partidas sociales, se cumplan, ayudando  a los barceloneses y a los municipios del Área Metropolitana a dar más y mejores servicios a las personas y atención a quien más lo necesita”.

La lucha contra la pobreza energética era uno de los puntos que Barcelona en Comú llevaba en su ‘Plan de choque para los primeros meses de mandato’. De hecho, Colau pretendía obligar a las eléctricas a firmar un convenio de pobreza energética para optar a la contratación con el Consistorio. Una cláusula en los pliegos del concurso público que fue tumbada por el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público tras la renuncia a optar al concurso de las compañías eléctricas como Endesa o Gas Natural.

El Tribunal consideró que la cláusula relacionada con la pobreza energética que incorporaban los pliegos no se ajustaban a la legalidad. Además, reconocía que resultan «loables y encomiables» las «buenas intenciones del Ayuntamiento» para reducir la pobreza energética, pero remarcaba que «sus decisiones están sujetas a la aplicación de la legalidad sin ningún otro condicionante como garantía del Estado de derecho y en aras a garantizar la necesaria seguridad jurídica».