Casi 400 ex accionistas de Popular demandan a Saracho y su equipo ante la Fiscalía Anticorrupción

Casi 400 ex accionistas minoritarios del Banco Popular han presentado una demanda ante la Fiscalía Anticorrupción contra el anterior consejo de administración de Banco Popular liderado por Emilio Saracho y que ayer fue cesado tras la compra realizada por Banco Santander.

Los demandantes están agrupados a través de la Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (Aemec) y a través del despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo.

Según ha confirmado el presidente del despacho y secretario general de Aemec, Javier Cremades «esta misma mañana» han constituido la agrupación de accionistas minoritarios del Popular, conformada por 385 accionistas, lo que supone el 3,5% del capital social del banco. «Estamos delante de un grave accidente del capitalismo en España. No es un proceso de expropiación, sino de incautación», subrayó.

La denuncia plantea dos líneas de investigación. Por un lado, la agrupación pide que se estudie si ha habido o no una «manipulación del precio de la acción» y, por otro, que analicen la administración que han llevado los gestores en los últimos meses. «Han generado (los administradores) una auténtica manipulación para alterar el precio de la acción y creemos que ha sido una administración temeraria, sobre todo, desde la última junta general», apuntó Cremades.

«Al derecho de Aemec interesa contra el mercado y los consumidores en su modalidad de uso de información relevante para la cotización de valores en mercados organizados por parte de aquellos que han tenido partipación significativa en la gestión de la entidad financiera o un posible delito de administración desleal, y que ha podido generar el supuesto y que ha determinado como remate final la absoluta pérdida del valor de las acciones perjudicando severamente a los accionistas», recoge la denuncia.

De este modo, Cremades señaló que han generado «pánico» entre la propia clientela, que ha ido retirando de manera «intensa» sus depósitos, propiciando la falta de liquidez del banco. «Estamos convencidos de que la Justicia va a acabar poniendo un precio a la confiscación de estas acciones. No se puede de un día para otro borrar un banco sistémico de la Unión Europea, que tenía más de 300.000 propietarios», indicó.

Cremades expresó que le resulta «muy llamativa» la decisión de Emilio Saracho de designar a JP Morgan, «entidad bancaria de la que provenía», para «realizar una operación ya contratada». «Queremos saber qué ha pasado. Las acusaciones no van dirigidas contra el Santander. Le han dando un banco vacío de contenido patrimonial y queremos saber quién lo ha destruido. Estos son los que tienen que pagar», subrayó.

Según la querella presentada por la agrupación, que seguirá las vías civil, penal y mercantil, los gestores del banco tenían un plan «perfectamente urdido», «destinado a la entrada en el capital social del Banco Popular y en su consejo de administración para depreciar maliciosamente y a su favor la cotización de las acciones mediante el filtrado de información».

Por otro lado, en alusión al inversor mexicano Antonio del Valle, consejero dominical del Popular hasta el 28 de septiembre de 2016, siendo sustituido por su primo y presidente del consejo de administración de Grupo Financiero, Jaime Ruiz Sacristán, la denuncia detalla que ambos podrían haber actuado «a la espalda de la CNMV en defensa de sus intereses propios y en detrimento de los propios del banco hasta el momento de la intervención de este miércoles».

No obstante, Javier Cremades quiso dejar claro que no tienen información sobre la participación del grupo mexicano de Del Valle y que la denuncia una acusación particular contra el inversor, sino una denuncia para que la Fiscalía investigue. «Todos los nombres están a debate, no sabemos si son culpables o no», declaró.

El socio del despacho de abogados y catedrático en derecho mercantil, Ángel Fernández, por su parte, se mostró extrañado ante las «posiciones bajistas» que mostraba el valor de la acción de Popular mientras sus homólogos, «e incluso cualquier compañía española», estaban «estabilizados».

«La caída a cero no la ha dado el mercado, la ha dado una decisión administrativa que es nueva para nosotros y para toda Europa. No tener liquidez no significa que el banco no tenga valor patrimonial. Esperemos que la Justicia y la CNMV tomen cartas en el asunto y tengamos una solución a todo lo que ha sucedido en este último tiempo», añadió.

Ignacio Aragón, también socio de Cremades & Calvo Sotelo y profesor de derecho mercantil en la Universidad Complutense de Madrid, coincidió con sus compañeros en que el Popular ha sufrido una gestión «temeraria» y ha llevado una estrategia «errática». «Ha lanzado mensajes al mercado que no eran los adecuados y todo esto ha conducido a cierto pánico a los clientes del banco, que se han llevado los depósitos. La falta de liquidez ha sido consecuencia de una mala gestión», insistió.

«Tenemos la impresión de que los reguladores bancarios son criaturas nocturnas, que intervienen en la sombra sin la información suficiente para poder hacerlo. Han salvado a zombies bancarios que eran manifiestamente insolventes, como fue el caso Bankia, y ahora, por contra, han intervenido y liquidado el banco español más solvente que hubo en el panorama bancario durante muchos años», declaró Alberto Ruiz, socio del bufete.

Además, para Ruiz la operación de compra por parte de la entidad presidida por Ana Botín ha supuesto una «liquidación indirecta» que no sabe cómo terminará. «No sabemos si se terminará con la absorción de un banco que en el último año ha pasado todos los test de estrés, incluso con nota, y que en los últimos meses ha visto como su cotización bursátil caía, literalmente, a plomo», recalcó.

Por último, manifestó que la «supuesta subasta» de Popular ha sido respaldada «por unos informes que contradecían a los que manejaban las potenciales entidades interesadas».