¿Bajar el paro con empleo público?

La propuesta de reducir el desempleo mediante la contratación de personal por parte del sector público reaparece cada cierto tiempo. A primera vista puede resultar atractiva. Se podría hacer rápido (solo bastaría con una decisión política) y sin necesidad de acompañar las contrataciones con un desembolso de capital.

Dado que hay 4,8 millones de parados, según la EPA, para que esa idea tuviera un impacto relevante tendrían que contratarse muchos miles de personas. El sector público tiene ahora poco más de 3 millones de asalariados. Si contratara, por ejemplo, a 200.000 personas, el sector público ampliaría su plantilla casi un 7%. ¿Es posible ampliar tanto la plantilla dando una tarea útil a cada nuevo asalariado y además hacerlo en pocas semanas? Creo que la respuesta es que no.

Más allá de esa dificultad, hay otro impedimento no menor que es el estado de las cuentas públicas. En 2015, el conjunto de Administraciones Públicas gastó 55.100 millones de euros más de los que ingresó. Este año, que será el noveno consecutivo en que España viole el límite de déficit del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, el desfase entre ingresos y gastos será de más de 40.000 millones.

La contratación de 200.000 nuevos asalariados en el sector público tendría un coste neto para las administraciones públicas de alrededor de 3.000 millones de euros. Dados el aún enorme desequilibrio fiscal y la amenaza de una multa de la Comisión Europea por el exceso de déficit, cualquier Gobierno moderado que quisiera poner en práctica esta idea tendría que compensar el gasto adicional con el recorte de otras partidas y/o con el aumento de impuestos.

Sin embargo, en ese caso, lo más probable es que el paro no baje. Aunque habría 200.000 nuevos asalariados en el sector público, es previsible que en el sector privado se perdiera una cantidad de empleo equivalente. Ese sería el resultado de la menor actividad económica producto del aumento de impuestos y/o de los recortes de gastos.

Un Gobierno radical podría argumentar la adolescente idea de que “el déficit no importa” y lanzarse a contratar personal sin compensar el mayor gasto. Eso crearía un problema múltiple: la prima de riesgo aumentaría, el coste de financiación de las empresas también subiría y la desconfianza de empresarios y consumidores caería. De todo eso solo puede esperarse una caída de la actividad económica, por lo que la pérdida de empleo privado más que compensaría las contrataciones del sector público.

En cualquiera de esos casos, la situación final sería peor. La carga que supone el sector público para el sector privado sería aún más pesada, la actividad económica perdería dinamismo y la proporción de ocupados en tareas de muy baja productividad sería mayor.

Aunque sea difícil de aceptar para algunos políticos, no hay fórmulas mágicas para acabar con el paro. La única forma de hacerlo de manera sostenible es mediante el aumento de la inversión productiva. Y para ello, lo peor que se puede hacer es descuidar las cuentas públicas y amenazar a quienes pueden invertir con mayores impuestos, mayor intervención estatal en la economía y cambios en las reglas de juego.

Es lógico que haya políticos que sueñen con pasar a la historia como los héroes que derrotaron el desempleo. Sin embargo, deben saber algo que es obvio para la sociedad civil: en muchos casos, su mayor contribución para bajar el paro es simplemente que dejen de asustar a quienes quieren trabajar e invertir.

Diego Barceló Larran es director de Barceló & asociados. Su cuenta de Twitter es @diebarcelo.