La Audiencia Nacional abre vista oral a la cúpula de Urbas y le pide una fianza de casi 16 millones

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral contra el presidente de Urbas, Juan Antonio Acedo, y su antecesor, Juan Antonio Ibáñez, así como contra otras doce personas por la ampliación de capital de 2015. Les pide una fianza de casi 16 millones de euros.

El titular del juzgado central de Instrucción número 4, José Luis Calama, acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto de Urbas, y otras seis personas jurídicas y dos físicas al no existir indicios racionales de criminalidad.

El caso comenzó en 2017, a raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción, e investiga las supuestas irregularidades en la ampliación de capital ejecutada por un importe de 384 millones de euros, que se aportaron mediante activos «sobrevalorados» de Aldira Inversiones Inmobiliarias.

La Fiscalía solicitaba 8 años y tres meses de prisión

A principios de abril, la Fiscalía Anticorrupción solicitaba 8 años y tres meses de prisión para Acedo y otros ocho para Ibáñez, por supuestos delitos societarios y contra el mercado en la mencionada ampliación; además de indemnizar a la compañía con 10,8 millones y la anulación de la ampliación. Para las otras doces personas, las penas reclamadas oscilaban entre los 6 años y los 10 meses.

Anticorrupción señalaba que la ampliación se realizó mediante aportación no dineraria del 100% de las participaciones de Aldira. De este modo, la operación no incluía ninguna ampliación de capital dineraria, «pese a la necesidad vital de liquidez de Urbas», sino que lo que se llevó a cabo fue una aportación de bienes inmuebles «extremadamente sobrevalorados».

En mayo de 2015, el Consejo de Administración de la compañía aprobó un informe para justificar ante la Junta General la oportunidad de realizar la ampliación, documento que, continúa la Fiscalía, se fundamentaba en la «ficticia sobrevaloración de los activos inmobiliarios de Aldira».

Para Anticorrupción, tanto la valoración del consejo de Urbas como las conclusiones del informe realizado por Grant Thornton «eran irracionales y ajenas» a la realidad no sólo de las fincas y sociedades aportadas, sino de la situación económica general y del sector inmobiliario en particular.

La ampliación de 2015

La  Junta, en su reunión del 10 de julio de 2015, autorizó la operación «sobre la base del mendaz informe», lo que permitió a la compañía registrar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la admisión de nuevas acciones, que se transmitieron a 62 personas físicas y jurídicas.

Coincidiendo con la firma del informe de Grant Thorton sobre la ampliación, se incorporaran al activo de Urbas inmuebles por un importe de 11,3 millones de euros cuando ese mismo día fueron adquiridos a terceros por 562.240 euros.

La contraprestación por parte de Urbas a esta operación no consistió en metálico, sino en la cesión de un derecho de crédito de 10,8 millones que la empresa tenía contra tres sociedades vinculadas con los administradores de la entidad. La Audiencia Nacional rechazó el recurso de apelación de Urbas contra el proceso.