La Audiencia da la puntilla a Ron con otra pieza secreta sobre la financiación de acciones del Popular
Banco Popular financió compras de sus acciones por 702 millones, según los peritos del Banco de España
Ángel Ron, al borde del banquillo tras las graves acusaciones del Banco de España y el BCE
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama quiere cerrar el cerco judicial sobre el expresidente del Banco Popular Ángel Ron. Ha abierto una nueva pieza secreta sobre la financiación de la compra de acciones del banco en la ampliación de capital de 2016 tras los graves hallazgos del Banco de España. El hecho de que sea secreta pretende impedir presiones sobre los testigos y así poder presentar hechos inapelables al tribunal que juzgue el caso.
«El juez lo hace para que no contacten con los interesados y les ‘ofrezcan’ algo a cambio de no decir nada. Y por tanto, haciéndolo así, pasará al tribunal como un hecho demostrado», lo que facilitará que se condene a Ron, según una fuente del proceso.
El propio Calama justifica esta medida con el argumento de que «resulta necesario mantener la confidencialidad de la diligencia de investigación acordada en la presente resolución, formándose al efecto la correspondiente pieza separada, por cuanto que, de ser conocida podría quedar comprometido de forma relevante su resultado, como consecuencia de interferencias que afectaran negativamente al buen fin de la investigación».
«Ello, sin perjuicio de que tales medidas y su resultado puedan ser conocidas posteriormente, evitando así cualquier merma del derecho de defensa, ya que una vez conseguida tal efectividad el levantamiento del secreto permitirá a las partes el ejercicio de defensa sin restricción de clase alguna», añade el auto del magistrado.
Calama asume que hubo financiación irregular
Como adelantó OKDIARIO, los peritos del Banco de España Santiago Jesús Ruiz Clavijo y Pablo Hernández, después de recibir la información que faltaba del Santander, concluyen que el Popular concedió créditos por 702 millones a sus clientes para comprar acciones en la ampliación de capital de 2016 sin restárselo del capital, como le obligaba la ley.
Algo que asume como hecho probado el instructor del caso: «Con carácter interino, podemos afirmar que las cantidades financiadas no se restaban del capital del Banco Popular». Los bancos pueden financiar la compra de sus acciones a los clientes, pero entonces deben restarlas del capital porque el riesgo sigue en sus manos (es como si se las comprara a sí mismo): si el cliente no devuelve el préstamo, el banco se queda sus propias acciones.
Para ocultar esta práctica, la entidad realizó maniobras como ocultar el destino del préstamo o «se registran en una sociedad del grupo cliente distinta de la suscriptora» de las acciones, siempre según el informe de los inspectores del Banco de España.
Cierre de la investigación
Esta pieza secreta que abre ahora se suma a otras graves acusaciones efectuadas tanto por el Banco de España como por el Banco Central Europeo (BCE), que aseguran que la entidad ya cometía irregularidades contables en 2012, que las cuentas de la ampliación de 2016 no reflejaban su situación real por un fuerte déficit (agujero) de provisiones tanto en los créditos refinanciados como en los inmuebles adjudicados, y que mintió a los supervisores. Por todo ello, Ron tiene muy difícil eludir el banquillo.
Esta pieza secreta será la última diligencia antes de cerrar la instrucción y abrir juicio oral, salvo que se descubran nuevas pruebas de posibles delitos. «Consecuentemente, y con objeto de cerrar la investigación acordando la práctica de las últimas diligencias posibles, salvo que de su resultado se haga preciso completar con alguna otra, procede, en aplicación del art. 302 LECrim, formar pieza separada y secreta por un periodo de un mes», establece el auto de Calama.
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